Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, comunicó la retirada del artículo 331 de la Ley Ómnibus, el cual generó polémica al requerir informar al Ministerio de Seguridad sobre reuniones de “tres o más personas” en el espacio público. La definición del artículo consideraba a las manifestaciones sociales como una “congregación intencional y temporal” en el espacio público.

Anticipándose a las preguntas de los diputados en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, Bullrich justificó la decisión alegando una mala interpretación y señalando que el artículo estaba “vinculado a la Ley de Tránsito”. Ante la confusión generada, la ministra optó por la eliminación de dicho artículo, buscando despejar la controversia y retomar el consenso en torno a la ley.

Bullrich, además, defiendió las nuevas sanciones para los piquetes, que incluyen severas penas de prisión tanto para los manifestantes como para los organizadores. Argumenta que entre 2009 y 2023 se registraron “85.200 piquetes”, causando pérdidas comerciales, de horas de trabajo y discriminación por la ubicación geográfica de la población. El proyecto establece la obligación de notificar al Ministerio de Seguridad sobre la protesta con al menos 48 horas de anticipación, brindándole la potestad de oponerse o modificar el día y el lugar de la manifestación.

En la ronda de preguntas, el diputado kirchnerista Matías Molle cuestionó la percepción de Bullrich sobre el problema de cortar calles en Argentina y la interpeló sobre su participación en marchas contra la cuarentena. Bullrich, al retirar el polémico artículo, busca apaciguar la tensión en torno a la ley y mantener la viabilidad de la normativa en el Congreso.