La Dirección General de Aduanas (DGA) ha presentado una denuncia penal contra la reconocida empresa aceitera Bioils Argentina S.A. por supuesto contrabando de aceite de soja con destino a Chile, alegando irregularidades en sus operaciones de comercio exterior. Según el informe emitido por el organismo estatal, la multa potencial por estas acciones podría ascender a la cifra de US$ 2.000.000.

Las sospechas se originaron cuando la DGA detectó importantes desviaciones en la declaración de mercancías por parte de la empresa aceitera durante los años 2021 y 2022. La compañía había declarado que 15 envíos con destino a Chile contenían oleína, un producto con menor arancel, cuando en realidad se trataba de aceite crudo de soja, cuyo arancel es más de 10 veces mayor.

La Aduana decidió intensificar la fiscalización de las destinaciones con oleína debido a la presencia de actores problemáticos en el mercado. Los efectivos especializados del organismo tomaron muestras de las exportaciones en cuestión, las cuales fueron analizadas por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para confirmar la veracidad de las declaraciones. Los resultados de las pruebas revelaron que la mercadería exportada por Bioils Argentina era, en efecto, aceite de soja y que la empresa había presentado declaraciones falsas para evadir el pago de aranceles.

La diferencia de aranceles es significativa, ya que mientras las exportaciones de oleína están gravadas con un 3%, las de aceite de soja se encuentran sujetas a un arancel del 33% y tienen un plazo de 15 días para la liquidación de divisas, en contraste con el plazo de 180 días declarado por Bioils Argentina.

Además de las irregularidades en las declaraciones, la investigación de la Aduana reveló que la proveedora argentina tenía vínculos con la firma destinataria chilena. En total, se identificaron 15 operaciones en infracción que involucraban 427 toneladas de aceite crudo de soja.

La DGA presentó una denuncia penal contra la empresa aceitera bajo la figura de contrabando, de acuerdo con el artículo 863 del Código Aduanero. El caso quedó bajo la jurisdicción del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, que hasta hace poco estuvo a cargo del procesado Walter Bento. Se han planteado posibles agravantes según el artículo 864, inciso b, y el artículo 865, inciso f, lo que podría conllevar una multa de US$ 2.003.560,08. La investigación sigue en curso y se espera un juicio para determinar las responsabilidades y sanciones que correspondan.