La modificación de la Ley de Residencias, como parte del Plan Provincial de Salud de Mendoza, ha generado gran controversia desde que fue propuesta por el ministro de Salud, Rodolfo Montero. Con un avance del 52% en la legislatura, este proyecto ha alcanzado destacada atención y debate en la provincia.

El objetivo principal de esta reforma es acortar la formación de los profesionales médicos, manteniendo altos estándares de calidad. Entre los cambios propuestos se incluye la posibilidad de un pago adicional para las residencias que formen médicos considerados críticos y la unificación de las condiciones entre el sector público y privado.

Uno de los principales problemas que busca abordar esta modificación es la escasez de especialistas en el sistema de salud. Según datos oficiales, solo el 50% de los egresados de la carrera de Medicina en Mendoza realiza la residencia, lo que representa un desafío significativo para el sistema sanitario provincial.

El nuevo enfoque propuesto busca que las residencias se realicen por competencias en lugar de programas anuales, lo que se considera una adaptación más efectiva a las necesidades de formación de los profesionales. Además, se pretende mejorar la remuneración de los residentes, incentivando aquellas especialidades que son prioritarias para el sistema de salud.

A pesar de las intenciones de fortalecer la atención primaria y mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la salud, esta modificación ha generado críticas y resistencia. Desde la oposición se argumenta que el proyecto de ley busca establecer becas en lugar de reconocer a los residentes como trabajadores, lo que podría comprometer sus derechos laborales.

Asimismo, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) ha expresado su rechazo al proyecto, afirmando que precariza el trabajo de los residentes y vulnera sus derechos fundamentales.