La administración de Javier Milei, tras la aprobación del paquete fiscal en la ley ómnibus, comienza su plan de ajuste con impacto directo en el ámbito educativo. La decisión de no renovar un cupo financiero por parte del Banco Central afecta al pago de haberes del personal docente y no docente de al menos 20 universidades nacionales, generando inquietud en el sector.

El Banco de la Nación Argentina, por instrucciones del Gobierno nacional, informa que no podrá adelantar el pago de salarios, que se acreditarán en las cuentas de los trabajadores una vez que el Tesoro General de la Nación realice la transferencia correspondiente. La medida surge porque el Banco Central no prorrogó una excepción financiera vigente desde octubre de 2019, permitiendo a sectores públicos no financieros acceder a adelantos transitorios para financiar salarios.

Este cambio afecta la rutina de pagos, ya que los trabajadores ahora deberán esperar hasta el 10 de febrero para percibir sus salarios, en lugar del primer día hábil de cada mes como era habitual. Con esta decisión, se incumplen convenios firmados con aproximadamente 20 universidades nacionales, incluyendo instituciones en San Juan, San Luis, Río Cuarto, Rosario, La Plata, José C. Paz y De las Artes, entre otras.

Desde la UNCuyo aseguran que la medida no impactará en sus empleados, manteniendo las fechas habituales de pago. Sin embargo, otras universidades expresan preocupación y rechazo ante esta novedad, destacando que afecta no solo a las casas de estudio sino también a empleados de otros organismos públicos, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) se pronuncia sobre la medida, exigiendo al Ejecutivo el pago puntual de salarios a todos los profesores universitarios. Expresan su preocupación por la incertidumbre generada en el cobro de sueldos, subrayando que esta situación se suma al atraso salarial y congelamiento presupuestario en un contexto de alta inflación.

La decisión del Banco Central, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, se enmarca en la eliminación del capítulo fiscal y el mayor ajuste para la política, la Nación y las provincias. La medida ha generado malestar tanto en provincias como en instituciones nacionales, obligando a buscar alternativas para hacer frente a la falta de adelantos de fondos.