Las oficinas de Anses en Mendoza, ubicadas en la calle Eusebio Blanco, Guaymallén, y en el barrio Procrear en Maipú, amanecieron cerradas este lunes debido a una medida de fuerza llevada a cabo por los empleados en respuesta a una serie de despidos repentinos.

Unos diecisiete trabajadores de diferentes sedes recibieron telegramas de despido sin previo aviso, sumándose a los veintitrés despidos ocurridos en enero pasado. En total, cuarenta empleados han perdido sus puestos de trabajo, la mayoría de los cuales habían sido contratados durante la gestión del ex titular de la delegación regional, Carlos Gallo.

Desde Anses argumentan que los despidos afectan a agentes cuyos contratos fueron renovados durante el año en curso. Sin embargo, los trabajadores despedidos y sus colegas no están satisfechos con las explicaciones recibidas y exigen respuestas claras por parte de las autoridades del organismo.

José Emilio Agu, el nuevo jefe regional de Anses, aún no ha sido designado oficialmente, lo que ha generado aún más incertidumbre entre los empleados y ha dificultado la comunicación con las autoridades. La falta de una voz oficial ha contribuido a aumentar la tensión en las oficinas afectadas.

Aunque aún no se ha definido si la medida de fuerza continuará durante el martes, se ha confirmado que habrá un paro de actividades el miércoles, una decisión que se tomó la semana pasada en respuesta a los despidos y a la falta de diálogo con la dirección del organismo.

El panorama en Mendoza refleja una situación nacional, ya que el Gobierno ha decidido reducir la planta de empleados de Anses en todo el país. ATE, el sindicato que representa a los trabajadores del organismo, ha denunciado que ya han recibido telegramas de despido para al menos 1.300 empleados en todo el territorio argentino.

La incertidumbre laboral y la falta de diálogo entre la dirección de Anses y los trabajadores han generado un clima de tensión que se ha traducido en medidas de protesta y cierre de oficinas en distintas ciudades del país. Los empleados exigen una respuesta clara por parte de las autoridades y la garantía de sus derechos laborales.