El Gobierno nacional continúa implementando su estrategia de ajuste. Recientemente, a través de una resolución, ordenó el cierre de todas las delegaciones provinciales del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a partir del próximo 1° de abril. Esta medida genera preocupación en el sindicato ATE, que teme más de 500 despidos que podrían sumarse a los más de 300 telegramas que han sido enviados en las últimas horas.

El ENACOM, encargado de regular los servicios de comunicación, ha estado intervenido durante 180 días desde el pasado 26 de enero, quedando a cargo de Juan Martín Ozores y sus interventores adjuntos, la abogada Patricia Zulema Roldán y Alejandro Pereyra, quien fuera director del ENACOM durante la gestión de Mauricio Macri.

Fuentes de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete, entidad bajo la cual está el ente intervenido, argumentaron que el cierre de las delegaciones provinciales se justifica en “el compromiso de gestionar eficientemente los recursos del Estado”. Según explicaron, tras un detallado análisis de la actividad desarrollada en estas delegaciones, se ha observado una disminución significativa de sus funciones desde la implementación del Trámite a Distancia (TAD). La simplificación y automatización de los procesos han llevado a una desproporción entre las tareas realizadas y la estructura de estas delegaciones.

La nueva resolución establecerá un período de transición de 60 días “a fin de atender y reasignar las tareas de control ejecutadas por las citadas delegaciones provinciales”.

Además, se garantizará una dotación mínima de trabajadores para llevar a cabo las labores relacionadas con el cierre de las delegaciones y la realización de un inventario patrimonial de todos los bienes de las oficinas provinciales.