En el marco de las negociaciones paritarias en Mendoza, surge una polémica que pone en tela de juicio los límites del diálogo social y los derechos laborales. El gobernador Alfredo Cornejo ha introducido una “cláusula compromiso” que obligaría a los gremios a renunciar por escrito a realizar protestas o huelgas como condición para aceptar la oferta salarial.

La reacción de los representantes sindicales no se hizo esperar. Claudia Iturbe, secretaria general de AMPROS, calificó esta medida como “absolutamente inconstitucional”, destacando que ninguna organización sindical puede comprometerse a negar un derecho constitucional de los trabajadores. Esta postura encuentra eco en otros sectores, que ven en esta cláusula una amenaza directa a la libertad sindical y al ejercicio legítimo del derecho a la protesta.

La tensión se incrementa a medida que se acerca el plazo para dar respuesta al Ejecutivo. Mientras AMPROS se prepara para tomar una decisión el próximo lunes, el SUTE discute en plenarios durante jueves y viernes, y ATE ha realizado una votación en las últimas horas. Esta situación refleja la urgencia y la complejidad del tema, así como la diversidad de posturas y estrategias dentro del movimiento sindical.

Es importante recordar que estas negociaciones se desarrollan en un contexto de creciente preocupación por el impacto de la inflación en los salarios, especialmente tras el cambio de gobierno. La referencia a los salarios de diciembre de 2023, previo al brusco aumento inflacionario, agrega un elemento adicional de controversia y desafío en las discusiones paritarias.