Desde Perth, Australia, la vicegobernadora Hebe Casado, se refirió a su visita a la ciudad donde la minería es la principal actividad económica. La compañera de Alfredo Cornejo viajó acompañada del director de Minería, Jerónimo Shantal, en busca de inversores para Mendoza.

“Hay muchos interesados en el potencial de Mendoza”, destacó Casado. Al mismo tiempo destacó que la semana próxima se aprobará en el Senado el Código de Procedimientos Mineros que envió el Gobierno para darle un impulso a la actividad.

Según relató Casado, Perth es el lugar de Australia donde se desarrolla la minería como principal actividad económica, de hecho el 70% de la minería de Australia se produce en Perth. Es un lugar que tiene 3 millones de habitantes, casi comparable con Mendoza.  La diferencia es que aquí gracias a la minería hay mil proyectos mineros trabajando y el ingreso per cápita anual son 100 mil dólares aproximadamente”, señaló.

Claves de la minería

La vicegobernadora explicó que las “claves” para el avance minero es la existencia de reglas claras desde el principio. 

“Hemos perdido oportunidades en Mendoza por eslóganes vacíos que no ayudan al crecimiento de los lugares. Aquí aplican controles y tecnologías donde saltan las alarmas cuando ocurre algún problema. Incluso las empresas se autodenuncia cuando tienen un problema”, señaló la vicegobernadora en declaraciones radiales.

A su entender, en la actualidad hay un requerimiento de minerales críticos que buscan nuevos lugares y existe en Mendoza “una oportunidad única”. 

Asimismo, resaltó el potencial de Mendoza como destino para la exploración y explotación de minerales críticos, subrayando la importancia de continuar atrayendo inversiones y generando empleo en la región. En este sentido, mencionó la similitud del código minero mendocino con el modelo implementado en Perth.

“Hemos hecho un Código bastante similar al que ellos tienen en Australia”, señaló.

Por otra parte, la vicegobernadora le pasó factura a “Cobos y Asociados” por la 7.722 y reconoció que hubo un “error de comunicación” en la gestión de Rodolfo Suarez cuando se fracasó en la modificación de la ley y el Gobierno tuvo que dar marcha atrás.