A través del decreto 3.272 el gobierno provincial oficializó las medidas para de austeridad para reducir los gastos. Con esto se apunta a mantener el equilibrio presupuestario, razón por la cual se prohibió el incremento de la partida de personal. 

“Que las medidas de restricción que se implementan en materia de gastos tienen un carácter temporario”, señala la normativa. Además, deja en claro que eso no resentirá los servicios esenciales que presta la Provincia.

En primer lugar, queda prohibido el incremento de la partida de personal que se origine por designaciones, ajuste de la situación de revista o nuevos adicionales y suplementos por subrogancia.

En tanto, se exceptúa de los dispuesto las altas de personal que provengan de reemplazos de personal docente y celadores, de cumplimientos paritarios, adscripciones y transferencias de personal que no impliquen mayor costo, adicionales creados por ley, designaciones de cargos creados por concursos, trámites iniciados en el 2023 que hayan tenido autorización de gobernación y de Hacienda.

También el decreto prohíbe nuevos contratos a través del sistema de locaciones de servicio, de obra u honorarios determinados en módulo deportivos, quedando exceptuadas las renovaciones siempre que se trate del mismo sujeto.

Tampoco podrán otorgarse nuevos adicionales por mayor dedicación, dedicación de tiempo completo y mayor horario, entre otros que estén financiados con rentas generales.

Asimismo no se podrán otorgar horas cátedra a los agentes que tienen cargos de planta permanente o temporaria, salvo autorización del gobernador. 

“Queda excluida de la prohibición la Dirección General de Escuelas, la cual deberá remitir a la Dirección General de Presupuesto antes del 30 de marzo de 2024 un informe de las personas que perciban horas cátedras y que además cumplen otras funciones, indicando horarios, lugares de prestación de servicio y montos abonados por todos estos conceptos”.

Celulares

Por otra parte, se dispuso que solamente podrán tener celulares oficiales el gobernador, ministros, secretarios del Poder Ejecutivo, subsecretarios y directores. En este caso quedan exceptuadas las fuerzas de seguridad de la provincia.

Las contrataciones de bienes de capital con financiamiento de rentas generales que supere los tres millones de pesos deberán contar con autorización previa del gobernador y del Ministerio de Hacienda.