El presidente Javier Milei firmó un decreto declarando la emergencia del sector energético nacional hasta fines de 2024. Esta medida incluye la generación, transporte y distribución de electricidad bajo jurisdicción federal, así como el transporte y distribución de gas natural. El decreto reconoce la creciente obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras de estos servicios públicos, su insuficiente adecuación a las necesidades de la demanda actual y futura, y la falta de inversiones en renovación y ampliación de redes.

Entre las acciones ordenadas por el decreto se encuentra una revisión tarifaria integral de estas prestadoras, cuyas tarifas resultantes deben entrar en vigencia antes del 31 de diciembre de 2024. Se habilita la implementación de adecuaciones transitorias y ajustes periódicos en los cuadros vigentes para garantizar la normal prestación de los servicios durante la revisión.

Además, se dispone la intervención de los entes reguladores del sector, ENRE y Enargas, a partir de enero próximo, hasta que se designen los nuevos directorios mediante procesos de selección que implementará el Ministerio de Economía en 180 días. Los interventores deberán informar sobre la situación heredada y negociar tarifas considerando la participación ciudadana, así como tener en cuenta recomendaciones previas de órganos de control externo.

La declaración de emergencia energética tiene como antecedente el año 2023, en el cual las tarifas de electricidad y gas se mantuvieron prácticamente congeladas. El decreto también reconoce deficiencias previas en los esquemas de remuneración a generadoras eléctricas y productoras de gas, lo que desestimuló inversiones en un contexto de aumento sostenido de la demanda.

Adicionalmente, se menciona la disminución en los envíos de gas boliviano en los últimos años, cruciales para abastecer al norte del país, donde se encuentran centrales termoeléctricas operando al límite de su capacidad debido a la reducción en la disponibilidad de combustible. La revisión tarifaria buscará equilibrar tarifas rentables para las prestadoras sin resignar derechos de los usuarios, todo en un contexto macroeconómico complicado para Argentina.