Esta semana que pasó, la gestión de Alfredo Cornejo presentó dos proyectos para aumentar los recursos que se destinan a educación. Por un lado, apuntan a la modificación del régimen de extinción de dominio para que los bienes producto de la corrupción se entreguen en el ámbito educativo y la creación de un fondo escolar permanente que sirva para infraestructura educativa.

Fondo para infraestructura educativa

“El objetivo primordial de este proyecto es mejorar y mantener la infraestructura y el equipamiento escolar. Para lograrlo, se plantea la implementación de un proceso eficaz y ágil de venta de bienes inmuebles y muebles, así como de fondos y activos financieros derivados de herencias vacantes”, señala la iniciativa entre sus argumentos.

La intención es destinar todos los recursos que se obtengan a obras de infraestructura educativa y equipamiento escolar. 

Desde el Ejecutivo explican que la Dirección General de Escuelas (DGE) viene articulando medidas y ha recuperado una gran cantidad de bienes inmuebles, los cuales se encontraban usurpados de manera ilegal o en estado de abandono. Lo cierto es que pese a ser recuperados, esos lugares están expuestos a nuevos intentos de usurpación.

Es por eso que se apunta a un procedimiento de venta ágil y eficiente para evitar “dilaciones innecesarias”, señala el proyecto.

Artículos

A través del artículo 1 el proyecto apunta a la Creación del Fondo de Infraestructura Escolar Permanente constituido con los recursos provenientes de la enajenación de inmuebles y muebles. 

En tanto, en el artículo 2 se hace mención al destino de los fondos: “Establézcase que los recursos que conforman el Fondo Escolar Permanente serán utilizados exclusivamente para generar rentas destinadas a la adquisición de terrenos, construcción, reparación, mantenimiento y equipamiento de edificios escolares, garantizando una asignación específica y estratégica de las rentas para fortalecer la infraestructura educativa en la provincia”.

El artículo 3 señala: “Autorízase a la Dirección General de Escuelas a enaJenar, arrendar y disponer dinero de cuentas bancarias, seguros y otros activos financieros, en forma directa mediante licitación de ofertas, y/o subasta pública con la modalidad que la Dirección General de Escuelas disponga”.

En tanto, se establece un plazo de adjudicación de los bienes de 360 días contados desde la publicación de esta ley. Asimismo, los bienes a enajenarse se venderán libres de todo ocupante y la DGE deberá notificar a los ocupantes que en un término de 30 días deben desocupar el lugar. Si ese plazo se vence, el gobierno escolar deberá iniciar el proceso judicial para solicitar el desalojo.

“Determínese que el producido de las ventas y alquileres, del Anexo l será destinado a la realización de obras relacionadas con la infraestructura y equipamiento escolar y/o a tareas vinculadas al mantenimiento de la misma, incluidos los fondos y/o activos disponibles en entidades financieras, comerciales y/o bancarias que fueren titularizados por la Dirección General de Escuelas en virtud de provenir de herencias vacantes identificados”.

El proyecto completo con el detalle de los bienes inmuebles