En un proceso marcado por momentos de incertidumbre, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, ha firmado finalmente el decreto que garantiza la permanencia de Ana María Figueroa como jueza por un período adicional de cinco años. Esta acción viene después de que el Senado, la semana pasada, votara a favor de la continuidad de la magistrada en la Cámara de Casación.

Vale la pena recordar que el proceso de aprobación no estuvo exento de desafíos, ya que se produjo un empate en la votación en dos ocasiones, y fue Claudia Ledesma Abdala, Presidenta provisional de la Cámara, quien finalmente inclinó la balanza a favor del pliego de Ana María Figueroa. Con 70 senadores en sus bancas, el resultado de la votación fue de 35 a 35 en dos ocasiones, lo que requirió la intervención de la presidenta provisional para tomar una decisión.

El respaldo a la continuidad de Figueroa había sido una prioridad para el interbloque del Frente de Todos, que buscaba aprobar el pliego antes de que la magistrada cumpliera 75 años, evitando así una jubilación forzada. Sin embargo, la oposición, encabezada por Juntos por el Cambio, logró bloquear las sesiones durante meses. Finalmente, el oficialismo pudo reunir el quórum necesario y avanzar con la aprobación, incluso después de que la Corte Suprema ya había dictaminado que Figueroa debía jubilarse.

A pesar de la aprobación en el Senado, el proceso aún requería la firma del Presidente Alberto Fernández y su publicación en el Boletín Oficial para ser completamente válido. El Presidente ha dado el primer paso en este proceso al rubricar el pliego de la magistrada.

Es importante mencionar que a principios de septiembre, Ana María Figueroa había dejado su cargo en la Cámara Federal de Casación, siguiendo la orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la consideró fuera de funciones al cumplir 75 años, el límite establecido por la Constitución Nacional. En su lugar, Alejandro Walter Slokar fue designado por sorteo como su reemplazo.

Figueroa ocupaba un rol clave en el ámbito judicial debido a su participación en casos relevantes, como “Los Sauces – Hotesur” y el memorándum de entendimiento con Irán, que involucraban a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Después de su salida, la Sala I de Casación decidió reabrir ambas causas, las cuales habían sido cerradas en 2021 por tribunales orales que no encontraron delito. Las apelaciones llevaron el caso a Casación, que determinó llevarlo a juicio oral.

En este contexto judicial, la vicepresidenta solicitó la nulidad de los fallos de la Cámara Federal de Casación Penal que revocaron sus sobreseimientos y ordenaron los juicios orales en los casos mencionados. La defensa argumentó que estas resoluciones se tomaron sin la participación de la jueza Figueroa, quien había sido cesanteada por la Corte Suprema debido a su edad, sin un nuevo acuerdo del Senado.

La aprobación en el Senado y la firma presidencial marcan un paso importante en este controvertido proceso, aunque la decisión sobre las apelaciones relacionadas con los casos en los que Figueroa estaba involucrada serán revisadas por la Corte Suprema en el futuro.