A casi un mes de su aprobación en el Senado provincial, la reforma del Estatuto del Empleado Público enfrenta una batalla judicial. Es que la Sección Mendoza de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) presentó una medida cautelar ante la Suprema Corte de Justicia solicitando que se frene la aplicación de la norma, debido a que considera que es inconstitucional porque “modifica de manera unilateral normas contenidas en el Estatuto del Empleado Público, violando el marco procedimental de la negociación colectiva abierta“.

El reclamo -que fue impulsado por el secretario general del gremio, Cristian Abel Galdeano- argumenta que la ley “de forma arbitraria y antijurídica vulnera preceptos de jerarquía constitucional, convenciones y tratados internacionales y legales“.

Entre los principales cuestionamientos, UPCN sostiene que el nuevo estatuto atenta contra la garantía constitucional de los sindicatos y trabajadores para celebrar convenios colectivos de trabajo y afecta la libertad sindical. También señala que el artículo 53 limita la posibilidad de interponer recursos por parte del trabajador, lo que implicaría una violación al derecho de defensa y al debido proceso.

Además, la presentación expone que el artículo 4 bis introduce la figura del “personal interino“, con características propias del derecho privado. Según el escrito, esta incorporación vulneraría la igualdad en las condiciones de ingreso y los derechos a la carrera y estabilidad del agente público.

Por lo expuesto en el pedido, UPCN solicita que como medida precautoria se suspenda la aplicación de la Ley hasta que se resuelva si es o no inconstitucional. Cabe recordar que la norma fue promulgada el pasado 6 de octubre por el gobernador Alfredo Cornejo.

De este modo, ahora la Justicia deberá primero decidir si da lugar a la medida cautelar. Una vez que haya resuelto si da curso o no al pedido, tendrá que analizar si la norma cumple o no con los criterios de constitucionalidad.