La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación dejó sin efecto ocho resoluciones que regulaban aspectos clave de la fruticultura y olivicultura, entre ellas normas para viveros de olivo y para el comercio y producción de peras y manzanas. Esta decisión se formalizó mediante la resolución 209/2025 publicada en el Boletín Oficial.

Según argumentos oficiales, muchas de esas normativas estaban desactualizadas o habían sido reemplazadas, y se justificó la derogación con el objetivo de “racionalizar trámites y favorecer la competitividad productiva” al eliminar barreras burocráticas.

La medida se enmarca en el proceso de avance de la llamada Ley de Bases y revisiones normativas dentro de la iniciativa conocida como Ley Hojarasca, que busca simplificar regulaciones para el comercio interior y exterior del sector agrario.

Para los productores del Valle de Uco, zona integrada por los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos, el impacto puede ser grande: se espera que la liberación de controles fitosanitarios y requisitos para viveros reduzca demoras, costos y trámites redundantes.

Este oasis frutícola, tradicional en cultivo de frutas de pepita (peras y manzanas) y olivos, podría encontrar mayor dinamismo en la exportación y procesamiento local gracias a reglas más claras y menos trabas administrativas.

Sin embargo, algunos técnicos advierten riesgos por la falta de controles riguroso: sin normas adecuadas, podrían verse comprometidos estándares sanitarios, trazabilidad y calidad, especialmente ante mercados exigentes del exterior.