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Boletín Oficial

Una exlegisladora tunuyanina, que dio positivo en un control de alcoholemia, fue nombrada por Cornejo como asesora en un Ministerio

Este jueves el gobernador Alfredo Cornejo oficializó una ola de nombramientos en el Ministerio de Gobierno.

Mientras la atención de todo un país estaba puesta en el histórico pase de la Selección Argentina a la final del Mundial, los despachos del Poder Ejecutivo se movieron en absoluto sigilo.

En medio de la euforia, este jueves el gobernador Alfredo Cornejo oficializó una ola de nombramientos en el Ministerio de Gobierno, sumando a exlegisladores oficialistas y familiares de altos funcionarios.

Los nombramientos, que llevan la firma del Ejecutivo, reubicaron a conocidas figuras de la política local en la cartera que conduce Natalio Mema.

Entre las incorporaciones destacan dos exlegisladores del radicalismo que pasaron a desempeñarse como asesores:

  • Alejandro Diumenjo: El exsenador provincial del bloque Cambia Mendoza asumió formalmente un rol de asesoría dentro del Ministerio de Gobierno.
  • Flavia Dalmau: La exdiputada por Tunuyán también fue nombrada como asesora dentro de la misma dependencia.

La polémica que arrastra la nueva asesora

El regreso de Flavia Dalmau a la gestión pública no pasa desapercibido debido a su historial de escándalos viales.

En 2023, la exlegisladora embistió a una pareja de motociclistas en Tunuyán. Tiempo antes, ya había sido retenida por la Policía provincial tras dar positivo en un test de alcoholemia. En aquel momento, la propia Dalmau justificó el incidente con una frase que resonó con fuerza: “Se me complicó la vida por un asado”.

Familiares en puestos estratégicos

La nómina de designaciones se completa con la llegada de Angela Floridia al organigrama oficial. La dirigente ocupará el cargo de Directora de Gestión de Control de Recursos Humanos dentro del Ministerio de Gobierno.

El nombramiento genera especial atención en el ámbito político, ya que Floridia es la esposa de Néstor Parés, actual presidente del Tribunal de Cuentas, el órgano encargado, paradójicamente, de auditar la legalidad de los gastos y el uso de los fondos públicos del Estado mendocino.

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