Una encuesta de DC Consultores, dirigida por Aníbal Urios y realizada sobre 1.270 casos, reveló que el 53,2% de los mendocinos mantiene una postura contraria a la posibilidad de flexibilizar la Ley de Tierras Rurales. Según el estudio, la principal preocupación de quienes rechazan la iniciativa es la eventual pérdida de control sobre recursos estratégicos si se amplían los límites para la adquisición de tierras por parte de ciudadanos extranjeros.

El informe también mostró que el 23,5% considera que una mayor apertura podría representar una oportunidad para atraer inversiones a Mendoza, mientras que un 20,3% sostuvo que la conveniencia depende del perfil del comprador y del uso que se le dé a las tierras. Ese mismo porcentaje afirmó que la discusión no figura entre las prioridades actuales, al entender que existen problemas más urgentes para resolver.

El relevamiento se conoció en medio del debate por el proyecto impulsado por el Gobierno nacional, que propone elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden estar en manos extranjeras y permitir que cada provincia establezca restricciones más estrictas si así lo considera. La normativa vigente, sancionada en 2011, también fija límites a la concentración territorial y protege zonas consideradas estratégicas.

En Mendoza, la discusión adquiere especial importancia porque el 9,06% de la superficie rural ya pertenece a propietarios extranjeros, lo que equivale a más de 1,34 millones de hectáreas. De acuerdo con datos del Conicet, la provincia ocupa el cuarto lugar del país en cantidad de tierras rurales extranjerizadas, mientras que Malargüe es el departamento con mayor porcentaje, alcanzando el 14,74% de su territorio, una cifra cercana al límite establecido por la legislación actual.