La crisis en la fábrica de neumáticos Fate sumó un nuevo capítulo y encendió una señal de alerta. La empresa advirtió al Gobierno que no puede garantizar la seguridad de un equipo radioactivo instalado en su planta de San Fernando, debido a la ocupación del establecimiento por parte de trabajadores.

El planteo fue realizado por el presidente de la compañía, Javier Madanes Quintanilla, a través de una carta dirigida a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). En ese documento, la firma informó que dentro de la planta funciona un acelerador lineal de electrones de uso industrial (con capacidad de 500 KeV y 100 mA), un dispositivo que requiere estrictas condiciones de seguridad radiológica y física para operar sin riesgos.

Según explicó la empresa, la ocupación del predio impide cumplir con las exigencias establecidas en la licencia otorgada por el organismo regulador, ya que actualmente no tiene acceso al lugar donde se encuentra instalado el equipo. En ese contexto, la compañía sostuvo que no puede garantizar las medidas de seguridad ni el control sobre el acelerador y los materiales asociados.

La advertencia se produjo pocas horas después de una decisión judicial que impactó de lleno en el conflicto. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro revocó la resolución que había ordenado desalojar la planta, por lo que el establecimiento continúa ocupado por trabajadores y representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) desde el 19 de febrero.

Durante la misma jornada, la empresa también recibió otra resolución adversa. El Ministerio de Capital Humano de la Nación confirmó la apertura de un sumario administrativo contra Fate por no pagar los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, situación que se produjo mientras regía la conciliación obligatoria.

Al mismo tiempo, el Gobierno nacional decidió extender por cinco días el período de conciliación obligatoria (que vencía el 11 de marzo y ahora se prolongará hasta el 16) con el objetivo de sostener las negociaciones entre las partes y evitar que el conflicto escale aún más.

Desde la empresa señalaron que el pago de salarios no se realizó porque la planta permanece ocupada y la producción está completamente paralizada, lo que profundiza la tensión entre la compañía y el gremio en un conflicto que suma repercusiones políticas, laborales y ahora también regulatorias.