La diputada Griselda Petri (UCR) presentó un proyecto de ley que busca restringir el uso de las inhibiciones generales de bienes en los juicios de apremio, con el objetivo de garantizar una mayor proporcionalidad en las medidas cautelares y resguardar los derechos de los contribuyentes.

La iniciativa propone modificar el artículo 250 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza para establecer que la inhibición general de bienes solo pueda ser ordenada cuando no existan otros bienes identificables que permitan garantizar el crédito fiscal o cuando las medidas menos gravosas resulten insuficientes para asegurar el cobro.

Según explicó la legisladora, el régimen vigente habilita actualmente a solicitar este tipo de medidas en cualquier etapa del proceso, e incluso antes del inicio formal del juicio de apremio, con la sola presentación del título ejecutivo. Esta situación, sostuvo, puede derivar en restricciones excesivas para personas y pequeñas empresas que enfrentan deudas de montos reducidos.

“La finalidad del Estado debe ser cobrar lo que corresponde, no paralizar la vida económica de los mendocinos. Las medidas cautelares tienen que ser razonables y proporcionales”, afirmó Petri al presentar la propuesta.

La diputada señaló que las inhibiciones generales generan importantes limitaciones para los contribuyentes, ya que impiden la venta de inmuebles, la transferencia de vehículos, el acceso al crédito y, en muchos casos, afectan la continuidad de actividades comerciales y productivas.

En ese sentido, el proyecto incorpora el principio de menor afectación posible sobre el patrimonio del deudor, promoviendo la utilización de embargos específicos u otras herramientas menos restrictivas antes de recurrir a una inhibición general sobre la totalidad de los bienes.

La propuesta también toma en cuenta los avances registrados en los últimos años en materia de digitalización judicial y registral en Mendoza, especialmente en los procedimientos vinculados a la inscripción y levantamiento de medidas cautelares.

“Necesitamos un sistema tributario eficiente, pero también justo. El poder de cobro del Estado no puede transformarse en una herramienta que asfixia económicamente a quienes trabajan, producen e invierten en Mendoza”, concluyó la legisladora.

De avanzar en el tratamiento legislativo, la iniciativa podría modificar uno de los instrumentos más utilizados en los procesos de cobro judicial de deudas fiscales, incorporando criterios de razonabilidad y proporcionalidad en su aplicación.