Los escándalos en torno a la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) siguen acumulándose. Con una causa que involucra al extitular Diego Spagnuolo y Karina Milei por presunto cobro de sobornos en curso, ahora es una auditoría la que pone el ojo en el ex organismo. Según publicó La Nación, la misma detectó una diferencia de $158.717 millones entre los registros de deuda exigible informados por dos áreas de la ex agencia. El relevamiento alcanzó la gestión hasta el 21 de agosto de 2025, cuando Spagnuolo ya había sido desplazado de la conducción.
La cifra surgió de la comparación de información solicitada por los auditores a la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y a la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (Dnass), que tenía a su cargo programas como Incluir Salud. La segunda dependencia informó el monto de deuda más elevado.
Según el informe, la diferencia exacta fue de $158.717.131.557,63. Los auditores también advirtieron sobre posibles imprecisiones en la información proporcionada por la Dnass. Desde esa dirección señalaron que los importes y su clasificación podían haber sufrido modificaciones debido a errores involuntarios en la carga realizada por los prestadores.
El trabajo de auditoría incluyó además una revisión de pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas, entre otros aspectos de la administración del organismo.
Observaciones sobre los mecanismos de pago
Otro de los puntos señalados estuvo relacionado con el uso de la figura de legítimo abono, un mecanismo que permite pagar bienes o servicios que ya fueron entregados o prestados sin haber pasado previamente por los procedimientos ordinarios de contratación.
El informe indicó que, hasta la fecha de corte del relevamiento, la Andis continuaba utilizando ese mecanismo y que solamente se habían iniciado seis procedimientos de compra vinculados con esos servicios.
La auditoría no pudo determinar cuáles fueron específicamente los pagos realizados bajo la figura de legítimo abono. No obstante, consignó que los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.
La Dnass también se encuentra bajo análisis en una investigación judicial a cargo del fiscal Franco Picardi, vinculada a un presunto fraude y a posibles pagos de coimas. Según la acusación fiscal citada en el informe periodístico, esa causa analiza presuntos sobreprecios y deficiencias en procedimientos de compra.
