La Municipalidad de Las Heras oficializó la puesta en marcha de un nuevo plan de seguridad ciudadana que busca involucrar la tecnología de los propios vecinos en la prevención del delito.

A través de una ordenanza se creó un padrón de cámaras de vigilancia particulares, diseñado para unificar la información sobre los dispositivos instalados en viviendas y comercios de todo el departamento.

La base de datos será administrada por el área de prevención comunitaria, bajo la órbita de la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal. El objetivo central es confeccionar un mapa detallado de las cámaras que tengan visibilidad directa hacia las calles, veredas o espacios públicos. De esta manera, ante un robo, accidente o emergencia, la Policía y la Justicia sabrán de forma exacta a qué vecino solicitarle las grabaciones para acelerar la investigación.

Desde la comuna hicieron hincapié en las garantías de seguridad y privacidad para llevar tranquilidad a la comunidad, diferenciando este registro de un sistema de espionaje estatal:

• Inscripción opcional: Formar parte del padrón es 100% voluntario, gratuito y el ciudadano puede pedir la baja o modificar sus datos cuando lo desee.
• Sin acceso en tiempo real: La normativa aclara de forma taxativa que el municipio no tendrá acceso remoto ni podrá mirar en vivo lo que captan las cámaras. Tampoco se conectarán los equipos al centro de monitoreo provincial.
• Confidencialidad absoluta: Toda la información recolectada estará resguardada bajo las leyes de protección de datos personales para evitar filtraciones o usos indebidos.

¿Cómo funcionará el sistema ante un delito?

Para sumarse al programa, los dueños de las propiedades deberán completar una declaración jurada con datos básicos: identidad del titular, dirección exacta, cantidad de cámaras que apuntan a la vía pública y los horarios en los que suelen estar encendidas.

El protocolo operativo establece que la intendencia no tiene la facultad de confiscar ni revisar el material por cuenta propia. Cuando ocurra un hecho delictivo, el requerimiento del video deberá surgir exclusivamente de una investigación judicial en curso, un pedido formal de la fuerza policial o una emergencia justificada.

Excepto que medie la orden de un juez, la entrega final de las imágenes quedará siempre bajo la decisión voluntaria del vecino, quien actuará como un colaborador clave para mejorar la seguridad de su propio barrio.