Este miércoles vence el plazo para que los padres y tutores de estudiantes de escuelas públicas y privadas de Mendoza firmen la notificación obligatoria impulsada por la Dirección General de Escuelas (DGE), en el marco de las medidas adoptadas tras la ola de amenazas en establecimientos educativos.

Una citación masiva y obligatoria

La medida alcanza al 100% de la matrícula de los niveles Primario y Secundario, sin excepciones. La DGE dispuso una convocatoria presencial en cada escuela para que los adultos responsables se notifiquen y firmen un acta formal en la que asumen compromisos sobre la conducta de sus hijos.

El operativo, que se desarrolla desde fines de abril, buscó cubrir a todas las familias antes de este miércoles, el último día para completar el trámite en la mayoría de los establecimientos.

Qué implica la firma

El documento establece un punto clave: los padres deberán hacerse responsables por los costos de los operativos policiales y de seguridad que se activen en caso de amenazas o falsas alarmas realizadas por sus hijos.

Esto incluye intervenciones por intimidaciones, amenazas de bomba o cualquier situación que altere el normal funcionamiento escolar. En esos casos, el Estado podrá reclamar el pago de los gastos generados.

Además, la notificación incorpora el llamado “deber de garantía”, que obliga a los adultos a controlar tanto las pertenencias como el comportamiento de los estudiantes, incluso en el ámbito digital.

Un contexto de creciente preocupación

La decisión se enmarca en una escalada de amenazas que afectó a cientos de escuelas en Mendoza en las últimas semanas, con múltiples llamados al 911 y protocolos activados en gran parte del sistema educativo.

Frente a ese escenario, el Gobierno provincial endureció las medidas y avanzó con un esquema que combina prevención, sanciones económicas y responsabilidad directa de las familias.

Qué pasa si no se firma

Desde el sistema educativo remarcaron que la notificación es obligatoria y forma parte de un nuevo esquema de convivencia escolar. Si bien cada institución organizó su cronograma, la intención oficial es que no queden padres sin firmar el acta.

Con el vencimiento del plazo, la Provincia busca cerrar esta etapa administrativa y avanzar en la aplicación plena del nuevo régimen, que ya genera debate por su impacto económico y legal sobre las familias.