La tormenta histórica de la semana pasada reinstaló la discusión sobre el arbolado público en Mendoza, luego de que cientos de árboles y ramas cayeran en distintos departamentos, generando daños materiales, cortes de servicios y situaciones de alto riesgo para la población.

Guaymallén fue uno de los municipios más afectados. Según detalló su intendente, Marcos Calvente, de los más de 300 incidentes registrados, unos 200 estuvieron vinculados directamente al arbolado público. El temporal dejó un saldo de 85 árboles caídos, 108 ramas desprendidas y 43 viviendas anegadas, además de interrupciones en el suministro eléctrico.

Calvente explicó que Guaymallén planta más de ocho árboles por cada ejemplar erradicado, una práctica que consideró positiva pero insuficiente frente a los problemas que genera el arbolado más antiguo. “Hay árboles que no tienen la dimensión adecuada para una zona urbana”, señaló, y advirtió que la caída de ejemplares de gran porte puede derivar incluso en pérdidas de vidas humanas, como ocurrió recientemente en Maipú durante un viento Zonda.

Además del riesgo social, el intendente puso el foco en el costo económico que implica el mantenimiento del arbolado antiguo. “Adaptar equipamiento y garantizar condiciones de seguridad en árboles de más de 30 metros es extremadamente costoso para los municipios”, afirmó.

Otro de los puntos críticos que planteó Calvente es el actual esquema de responsabilidades. Hoy, el vecino reclama ante el municipio, pero la decisión final sobre erradicaciones depende de la Provincia, lo que genera demoras y tensiones administrativas. “Eso es algo que deberíamos rever”, sostuvo.

Mientras en departamentos como San Rafael este debate se vincula al reclamo por la autonomía municipal, Calvente consideró que no es necesario avanzar en ese sentido. En cambio, propuso una modificación de la ley provincial de Arbolado Público que otorgue mayor margen de acción a los municipios, siempre bajo pautas de regulación y protección definidas por la Provincia.

El gobernador Alfredo Cornejo recogió el planteo y confirmó que el Ejecutivo trabaja en una nueva ley de arbolado público que haga responsables a los municipios en las zonas urbanas, aunque también pidió a las comunas redoblar el cuidado y la planificación en la gestión de este recurso estratégico.