La polémica por el destino de los fondos que deberían financiar el mantenimiento y las obras en las rutas nacionales sumó un capítulo judicial. El juez federal Ariel Lijo requirió información al Gobierno nacional para determinar cómo fueron utilizados los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial), en una causa que investiga una presunta subejecución superior al 73%.

El avance tiene especial repercusión en Mendoza y particularmente en el Valle de Uco. Apenas días atrás, el diputado nacional y exintendente de Tunuyán Martín Aveiro encabezó, como presidente de la Comisión de Obras Públicas de Diputados, un debate en el que especialistas y representantes del sector vial denunciaron que más de $1 billón destinado a las rutas no habría sido ejecutado en infraestructura.

Ahora, la Justicia busca determinar precisamente qué ocurrió con esos recursos.

La Justicia quiere saber dónde está el dinero de las rutas

Lijo solicitó información al Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo; a la Jefatura de Gabinete y a la Dirección Nacional de Vialidad.

La causa se originó a partir de denuncias presentadas por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Ambos fueron aceptados como querellantes.

Uno de los datos centrales del expediente indica que, al 31 de mayo de 2026, había $1.001.017.908.957 correspondientes al SisVial colocados en plazos fijos y letras emitidas por el Tesoro Nacional.

Según la presentación judicial, durante los primeros dos años y medio de la gestión de Javier Milei se asignaron al sistema aproximadamente $1,5 billones, pero apenas $394.406 millones fueron efectivamente utilizados en obras y mantenimiento vial. La diferencia arrojaría una subejecución del 73,8%.

La denuncia sostiene que recursos que tenían como destino específico la infraestructura vial habrían sido colocados en instrumentos financieros en lugar de utilizarse para reparar y mantener las rutas.

Aveiro había puesto el tema en el centro del Congreso

El avance judicial se produce pocos días después de que el mismo problema fuera debatido en la Cámara de Diputados bajo la conducción del mendocino Martín Aveiro.

El legislador oriundo de Tunuyán preside la Comisión de Obras Públicas y encabezó una reunión informativa en la que especialistas, intendentes y representantes de trabajadores viales expusieron sobre el deterioro de la red nacional y cuestionaron el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles.

Durante aquel encuentro se expusieron números similares a los que ahora aparecen bajo análisis de la Justicia y se reclamó que Luis Caputo concurra al Congreso para explicar qué ocurrió con los fondos.

Aveiro también había presentado previamente un pedido de informes al Poder Ejecutivo por la subejecución del SisVial y cuestionado que recursos destinados a infraestructura permanecieran colocados en Lecaps, plazos fijos y bonos mientras continuaban paralizadas diferentes obras.

Por qué el tema impacta directamente en Mendoza

La discusión no es ajena a Mendoza. La provincia está atravesada por corredores nacionales estratégicos para el turismo, la producción y el comercio exterior, mientras acumula reclamos por el deterioro y la falta de obras.

El problema tiene especial impacto en el Valle de Uco, donde la Ruta Nacional 40 constituye la principal columna vertebral vial y conecta a Tunuyán, Tupungato y San Carlos con el resto de la provincia.

Entre las obras demoradas se encuentran los puentes de Los Chañares y Los Pozos, afectados hace años y cuya reconstrucción ha acumulado sucesivas postergaciones.

El Gobierno mendocino, además, debió asumir intervenciones sobre sectores de rutas nacionales utilizando recursos provinciales ante la falta de mantenimiento por parte de Nación.

La investigación recién comienza

Además de Economía y Vialidad Nacional, Lijo requirió información a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación para determinar si realizaron auditorías u observaciones relacionadas con el fideicomiso y la cuenta especial del SisVial desde 2024.

La Justicia busca acceder a expedientes, partidas presupuestarias y datos sobre las colocaciones financieras realizadas con esos recursos.

Así, un debate que en Mendoza y el Congreso comenzó centrado en rutas deterioradas, obras paralizadas y fondos sin ejecutar ahora quedó también bajo la lupa de la Justicia Federal.