Mientras el sitio web del Senado de Mendoza continúa recuperándose del ciberataque sufrido días atrás, la Cámara Alta avanzó esta semana en el tratamiento de un proyecto de ley que busca fortalecer la seguridad informática del Estado y mejorar su capacidad de respuesta frente a amenazas digitales.
La iniciativa, que analiza la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, propone crear un Sistema Provincial de Ciberseguridad encargado de coordinar las políticas de prevención, detección, respuesta y recuperación ante incidentes que comprometan los sistemas informáticos o la información estratégica de la administración pública.
El debate adquiere especial relevancia por el contexto. El reciente hackeo que afectó la página oficial del Senado volvió a poner en agenda la vulnerabilidad de los sistemas estatales frente a los ciberataques y la necesidad de contar con protocolos y herramientas para prevenir este tipo de episodios.
Entre las principales medidas previstas, el proyecto contempla la elaboración de una Estrategia Provincial de Ciberseguridad, auditorías periódicas, protocolos de gestión de riesgos, mecanismos de notificación de incidentes y planes de continuidad operativa para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos.
Además, propone crear un Centro de Operaciones de Seguridad, un Equipo de Respuesta ante Incidentes y un Registro Provincial de Incidentes de Ciberseguridad, organismos destinados al monitoreo permanente de amenazas y a fortalecer la capacidad de reacción del Estado.
La iniciativa también incorpora programas de capacitación para agentes públicos, campañas de concientización dirigidas a la ciudadanía y un sistema de divulgación responsable que permitirá a especialistas en seguridad informática reportar vulnerabilidades detectadas en plataformas estatales bajo un marco de confidencialidad.
Durante la reunión, los senadores acordaron convocar para la próxima semana a representantes de la Universidad Champagnat con el objetivo de incorporar aportes técnicos al proyecto. También resolvieron abrir un período para que los distintos bloques presenten observaciones antes de emitir el despacho correspondiente.
