El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el jurista guatemalteco Edgar Stuardo Ralón, visitará los establecimientos penitenciarios San Felipe, en Ciudad, y Almafuerte, en Campo Cacheuta, para verificar las condiciones en las que se encuentran alojadas las personas privadas de libertad. La inspección se enmarca en una presentación realizada en 2014 por el abogado mendocino Carlos Varela Álvarez, quien denunció hacinamiento y superpoblación carcelaria, además de sus consecuencias para los internos y el personal penitenciario.

El reclamo internacional derivó en un acuerdo alcanzado en Washington en 2025 entre el peticionante y el Gobierno de Mendoza, que contempló el levantamiento de la medida cautelar sujeto al cumplimiento de un plan de acción para mejorar las condiciones de habitabilidad. De las recorridas también participarán representantes de la Cancillería Argentina y el abogado denunciante. Las conclusiones de la visita serán relevantes para que el organismo internacional defina los próximos pasos del procedimiento y las eventuales recomendaciones a la provincia.

En la previa de la inspección, Varela Álvarez advirtió que la superpoblación continúa siendo uno de los principales problemas del sistema penitenciario. Según explicó, la cantidad de personas alojadas en una misma celda dificulta el acceso a derechos básicos como la salud, la educación, la alimentación y el trabajo. También señaló que el hacinamiento agrava los conflictos entre internos y con el personal penitenciario, favorece situaciones de violencia y limita la comunicación con el exterior y el acceso a la Justicia. El abogado atribuyó esta situación a una política de mayor encarcelamiento sin una respuesta suficiente a las necesidades que surgen durante la detención.

Otro de los puntos incluidos en los reclamos es la calidad del agua potable en la cárcel de San Felipe. Esta cuestión también fue planteada mediante un hábeas corpus colectivo, rechazado en mayo por el juez Diego Flamant y apelado ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, donde permanece pendiente de resolución. La inspección de los dos establecimientos permitirá evaluar las condiciones denunciadas y los avances comprometidos por la provincia en el marco del procedimiento internacional. Ralón es abogado constitucionalista, cuenta con dos décadas de trayectoria profesional y se ha desempeñado en la docencia universitaria y el litigio, con especialización en materia constitucional y derechos humanos.