La Cámara de Diputados analiza una propuesta para sancionar con dureza a los funcionarios públicos que conduzcan superando el límite legal de alcohol en sangre. La medida contempla que la penalización económica sea el doble de la tarifa vigente para cualquier particular.

Tolerancia cero al privilegio: ¿en qué consiste la iniciativa?

El proyecto, registrado bajo el expediente 86362, busca incorporar el artículo 67 Ter a la Ley Provincial de Tránsito (N° 9.099). Según fundamentó su autor, el diputado Edgardo Civit Evans, la premisa central es la responsabilidad ética de quienes ocupan cargos de representación, según señala diario Mendoza Post.

“El objetivo es que los funcionarios tengan una sanción agravada por la responsabilidad institucional que detentan. Tienen que dar el ejemplo”, remarcó el legislador.

La modificación tributaria y punitiva no prevé distinciones jerárquicas ni de jurisdicción. De aprobarse, alcanzará de manera horizontal a:

• Poder Ejecutivo: Gobernador, ministros y secretarios.
• Poder Legislativo: Senadores y diputados provinciales.
• Poder Judicial: Magistrados y funcionarios judiciales.
• Gobiernos Locales: Intendentes, concejales y personal jerárquico municipal (tanto electos como nombrados por designación).

Foco en el bolsillo y posible ampliación del debate

A diferencia de otras iniciativas que buscan inhabilitaciones más prolongadas, la propuesta se centra prioritariamente en el agravante económico al considerar que el impacto monetario directo posee un mayor poder disuasivo. De esta forma, se mantendrían los períodos estándar de retención de licencia, pero con el desembolso duplicado.

Asimismo, durante la discusión técnica en comisiones, se prevé incorporar un apartado para equiparar el régimen de sanciones a quienes manejen bajo la influencia de sustancias estupefacientes, una problemática en crecimiento según los controles viales.

Si bien la presentación de la norma coincidió en el tiempo con recientes escándalos viales que involucraron a figuras de la política local, la iniciativa llevaba meses de elaboración previa.

Actualmente, el texto reposa en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), donde deberá obtener los dictámenes correspondientes antes de pasar al recinto para su votación final.