La comunidad educativa de Corralitos, en Guaymallén, vive horas de extrema preocupación. Padres y madres de la Escuela Lemos se movilizaron este lunes tras una denuncia por presunto abuso sexual a una niña dentro del establecimiento. La menor habría sido atacada por un albañil contratado por una empresa terciarizada que realizaba trabajos de infraestructura.

La denuncia fue presentada el viernes pasado y, según confirmaron fuentes judiciales, aún no hay detenidos ni imputados. Tampoco se realizó por el momento la cámara Gesell, una instancia clave para avanzar en la causa. Esta falta de definiciones intensificó el malestar de las familias, que reclamaron información urgente.

La tensión escaló cuando un grupo de padres ingresó al edificio para hablar con la directora, mientras afuera otro grupo exigía mayor seguridad. “Queremos saber quiénes trabajan acá adentro y cómo tienen acceso a nuestros hijos”, expresó una madre a Canal 7. Durante esos momentos de enojo, se registraron agresiones físicas contra docentes, presuntamente por parte de familiares de la niña afectada.

Desde la Dirección General de Escuelas, el supervisor de Guaymallén, Leonardo Barraco, explicó que los obreros contratados “tienen un sector aparte con baños químicos, separado de los niños” y que las tareas se realizan durante toda la jornada. Indicó además que la empresa dejó de asistir a la escuela tras conocerse la denuncia y que todos los trabajadores fueron citados a declarar en la fiscalía.

Sin embargo, la versión oficial fue desmentida por algunos padres presentes en la protesta. Aseguran que los trabajadores sí tienen contacto con los alumnos, especialmente en los recreos. “Eso es mentira, ellos tienen acceso a los estudiantes”, afirmó una madre.

El caso reavivó viejas preocupaciones dentro de la escuela. Otra madre recordó que tiempo atrás un celador fue apartado por enviar fotos inapropiadas a una menor. “Lo sacaron del cargo, pero nunca supimos cómo terminó”, relató.

Mientras tanto, la Justicia continúa la investigación y las familias exigen respuestas inmediatas. Piden garantías de seguridad dentro del colegio, protocolos claros y la presencia constante de autoridades educativas para evitar que episodios similares vuelvan a ocurrir.