La reciente votación en el Senado argentino, donde se aprobó un incremento abrupto en las dietas de los legisladores, ha desatado un escándalo. La controversia estalló luego de una sesión relámpago, donde los senadores elevaron sus ingresos en más del 150%, generando cuestionamientos sobre la ética en la función pública.

Ante la presión pública y las críticas, algunos senadores han intentado desligarse de la polémica. Los representantes mendocinos de la UCR, Rodolfo Suarez y Mariana Juri, enviaron una carta a la Secretaría Administrativa del Senado solicitando no percibir el aumento, alegando coherencia con su voto en contra. Sin embargo, su intento de desmarcarse resulta cuestionable, ya que figuran como votos afirmativos en el acta de la votación.

El debate sobre la posibilidad de dar marcha atrás con esta resolución es intenso. La única opción para revertir la decisión sería aprobar una nueva resolución en el recinto del Senado que deje sin efecto la anterior. En esta tarea se encuentran senadores del PRO como Luis Juez y María del Carmen Rivero, quienes han presentado un proyecto de resolución para anular el aumento. Sin embargo, enfrentan un desafío considerable, ya que el bloque peronista, mayoritario en el Senado, respalda el incremento y podría bloquear cualquier intento de reversión.

Las divisiones internas en los bloques políticos también son evidentes. Mientras algunos senadores radicales como Martín Lousteau defienden el aumento, otros como Victor Zimmermann lo rechazan rotundamente, considerándolo inapropiado. Esta divergencia de opiniones refleja la complejidad del panorama político y la falta de consenso sobre una cuestión que ha desatado un fuerte repudio social.