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Suspenden planes Potenciar Trabajo en Mendoza por irregularidades

Son más de 4.500 las incompatibilidades detectadas en beneficiarios de distintas provincias, entre ellas Mendoza.

El Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, informó que se suspendió el pago a 4.588 titulares del programa “Potenciar trabajo” por supuestas incompatibilidades. Entre ellos aparecen mendocinos.

La investigación, llevada a cabo por el fiscal Guillermo Marijuan, arrojó que “luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 14 provincias, 4.588 personas presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan”.

Las 14 provincias investigadas hasta el momento son Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz, se informó en un comunicado.

El fiscal Marijuan había solicitado en noviembre pasado las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias y la Ciudad, a fin de cruzarlas con el padrón del plan social.

Según la investigación, “la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública”. 

El fiscal apunta contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que “sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.

Los titulares de Potenciar Trabajo cobran $78.000 y el gobierno del presidente Javier Milei ya aclaró que ese monto se congelará, por lo que no habrá aumentos en los próximos meses.

El objetivo del plan es “contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica”.

Las sospechas en Mendoza

El Gobierno de Mendoza quedó bajo la lupa al ser una de las 14 jurisdicciones que no presentaron la base de datos de sus empleados a tiempo, según la denuncia de Marijuán. La demora en la carga, atribuida a dificultades en el sistema nacional, generó cuestionamientos sobre posibles irregularidades en la asignación del beneficio.

El fiscal Marijuán acusa a los empleados investigados de realizar “presuntas maniobras ilícitas” que podrían constituir el delito de defraudación contra la Administración Pública. La investigación se extiende a funcionarios nacionales y provinciales que, con sus acciones u omisiones, podrían haber permitido estos fraudes, siendo pasibles del delito de violación de los deberes de funcionario público.

Desde el Gobierno nacional, se anticipa la preparación de una resolución para dar de baja a los 8.538 empleados públicos investigados. Desde el Gobierno de Mendoza, se informó que la base de datos fue suministrada, justificando la demora por las dificultades en la carga en el sistema nacional.

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