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Suprema Corte: en qué gastará el presupuesto la Justicia en el 2024

El presidente del máximo tribunal presentó los alcances de la pauta de gastos para el año próximo.

El presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, presentó ante las comisiones de Hacienda de ambas Cámaras legislativas, los alcances del Presupuesto previsto para el año entrante.

Según manifestó, la intención es mejorar la calidad de la inversión en Bienes y Servicios por sobre los gastos corrientes.

Según los datos aportados, para el 2024, el presupuesto de la Suprema Corte contempla 64 mil millones de pesos, “un 4% menos de lo que habíamos previsto”, dijo Garay, quien añadió que estiman alrededor de 600 millones de pesos en concepto de remanentes entre febrero y marzo.

En términos generales, Garay manifestó que el presupuesto del Poder Judicial representa un 3.18% del presupuesto provincial, mientras que para el año 2023 fue del 2.6%.

En ese marco, dijo que este año, por el nuevo concurso “que terminó ahora, exitosamente, se publica el listado para empezar los psicofísicos, tenemos cien ingresos congelados que son los que vamos a tratar de cubrir desde de diciembre”.

En cuanto al plan de inversión, lo dividió en gastos de funcionamiento, tecnología y obra pública. “Terminamos la disminución en los alquileres, eso ha impactado en casi 41 millones de pesos menos en toda la provincia, nos está quedando un solo inmueble”, algo que fue posible por la refuncionalización de los edificios, manifestó.

En relación con la inversión en seguridad informática, más de 100 millones de pesos se necesitarán para 2024.

En lo que hace a obra pública, destacó el centro cívico de Tunuyán; el juzgado de Paz y Familia de Lavalle “que estamos trabajando con el CONICET en un edificio sustentable que nos permita un desarrollo modular”; también “estamos trabajando en la ampliación del juzgado de Familia en Las Heras”; el de Maipú, también se pretende reformular para mayor comodidad, y en General Alvear, unificar las dependencias judiciales tanto de la Defensa como del Ministerio Público Fiscal.

Se prevén además 1.300 millones de inversiones en licencias, monitores, mobiliario y equipamiento en general.

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