El Gobierno de Mendoza puso sobre la mesa una reforma del régimen disciplinario de los empleados públicos que promete generar debate en la Legislatura. La iniciativa busca modificar el sistema vigente para acelerar los sumarios administrativos y la aplicación de sanciones, con nuevos procedimientos y mayor utilización de herramientas digitales.

El proyecto enviado por el Ejecutivo provincial propone sustituir el actual régimen establecido por la Ley 9.103, sancionada en 2018, y avanzar hacia un esquema que, según argumentó el Gobierno, permita resolver los procedimientos disciplinarios con mayor rapidez y eficiencia.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es el fortalecimiento de la Oficina General de Sumarios, que tendrá un rol clave en la investigación de las faltas cometidas dentro de la Administración Pública.

La propuesta también apunta a distribuir las competencias de acuerdo con la gravedad de las conductas investigadas, evitando que todos los casos deban atravesar procedimientos de similar complejidad.

Qué busca cambiar el Gobierno con los sumarios a empleados públicos

La reforma establece distintos mecanismos según la gravedad de la falta y pretende simplificar etapas de los procedimientos disciplinarios.

El objetivo declarado por el Ejecutivo es reducir las demoras que actualmente pueden extender los expedientes durante largos períodos, sin eliminar las garantías que corresponden a los trabajadores involucrados.

En ese sentido, el proyecto mantiene principios centrales como el debido proceso y el derecho de defensa de los agentes sometidos a una investigación administrativa.

La legislación vigente contempla diferentes sanciones ante las faltas disciplinarias, que pueden ir desde medidas menores hasta consecuencias más severas como la cesantía o la exoneración, dependiendo de las características y gravedad de cada caso.

Con la reforma, el Ejecutivo pretende que la estructura encargada de investigar estas situaciones pueda actuar de manera más ágil y con competencias claramente delimitadas.

Más poder y estructura para la Oficina General de Sumarios

Otro de los ejes es la reorganización y fortalecimiento de la Oficina General de Sumarios, que concentrará funciones vinculadas con los procedimientos disciplinarios dentro de la Administración Pública provincial.

El proyecto también incorpora herramientas tecnológicas y procedimientos digitales con la intención de reducir trámites burocráticos y facilitar el seguimiento de los expedientes.

Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma permitirá contar con un régimen adaptado al funcionamiento actual del Estado provincial y evitar que las demoras terminen afectando tanto a la Administración como a los propios agentes investigados.

El régimen que actualmente regula estas actuaciones fue establecido por la Ley 9.103, que en 2018 modificó el esquema disciplinario que hasta entonces formaba parte del Estatuto del Empleado Público.

Ahora será la Legislatura de Mendoza la encargada de discutir el nuevo proyecto. Si obtiene el respaldo de ambas cámaras, la Provincia contará con un nuevo esquema para investigar y sancionar las faltas cometidas por agentes de la Administración Pública.