La Secretaría de Energía de la Nación dispuso un aumento en las retenciones a la exportación del petróleo convencional, una decisión que repercutirá de manera directa en la actividad hidrocarburífera de Mendoza.

La alícuota que pagaban las empresas petroleras pasará del 3,36% al 8%, un cambio que se activa luego de que el precio internacional del barril Brent superara nuevamente los 100 dólares. La actualización también alcanza a otras provincias productoras como Chubut, Santa Cruz y Neuquén.

Según explicaron desde el Gobierno nacional, el objetivo de la medida es contener el impacto del precio internacional en el mercado interno, evitando que la escalada del crudo se traduzca en un aumento más brusco del valor de los combustibles en Argentina.

En ese marco, el incremento de los derechos de exportación busca incentivar que el petróleo se destine al mercado interno, especialmente a las refinerías del país, lo que permitiría abastecer la demanda local a valores más bajos (una estrategia utilizada históricamente para desacoplar los precios internacionales del mercado doméstico).

La decisión se aceleró este viernes, luego de que la cotización del barril Brent volviera a superar la barrera de los 100 dólares, un movimiento vinculado a la tensión geopolítica internacional y a los conflictos en Medio Oriente (factores que suelen impactar de forma directa en el precio global de la energía).

Impacto en Mendoza y las cuencas convencionales

Para Mendoza, la medida implica un cambio en el esquema de incentivos que había sido anunciado a comienzos de año. En enero, el Gobierno había implementado un sistema de retenciones variables para favorecer la producción en yacimientos convencionales (áreas maduras con menor rendimiento que formaciones no convencionales como Vaca Muerta).

Ese esquema buscaba mejorar la rentabilidad de las cuencas tradicionales y estimular nuevas inversiones, especialmente en provincias donde la explotación petrolera enfrenta mayores costos operativos.

Sin embargo, la volatilidad del mercado internacional obligó a recalcular la política energética, priorizando la estabilidad de los precios internos por encima del incentivo exportador.

Desde el sector privado confirmaron la resolución y señalaron que la suba de retenciones marca el final del período de presión impositiva reducida para el crudo pesado, por lo que las empresas deberán ajustar sus proyecciones de producción y exportación.

En ese contexto, la industria petrolera mendocina deberá adaptarse a un nuevo escenario de costos, donde la prioridad oficial pasa por contener los precios en las estaciones de servicio antes que favorecer la rentabilidad de las exportaciones.