El gobernador Rodolfo Suarez presentó una acción de inconstitucionalidad, con una medida cautelar, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras el decreto y la modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias por considerar que “afecta gravemente a las arcas provinciales”.

Tras la publicación del Decreto 473/2023 del Gobierno nacional, del 12 de septiembre pasado, Mendoza dejará de percibir, entre octubre y noviembre, aproximadamente $7.000 millones en concepto de coparticipación.

En tanto que con la modificación de la Ley 27725, que entrará en vigencia a partir de enero de 2024, la provincia deberá afrontar una pérdida de ingresos de 1.700 millones de pesos, justifica el planteo hecho por Suarez.

“Tanto el decreto como la ley resultan inconstitucionales, por cuanto disminuyen de manera unilateral la percepción de impuestos que integran la masa coparticipable. Uno, de manera actual, y la otra, en forma inminente, afectando en este sentido el federalismo fiscal, con un evidente perjuicio para Mendoza”, explicó Suarez.

Con esta presentación de inconstitucionalidad, la Provincia se convierte en la primera jurisdicción en anteponer una acción legal contra la Reforma Tributaria Nacional implementada por el Gobierno nacional. El tema fue planteado en la reunión de gobernadores de Juntos por el Cambio, quienes avalaron la decisión de Suarez y decidieron hacer lo propio en sus provincias.

Al elaborar el escrito, Suarez tuvo en cuenta el fallo de la Corte Suprema a favor de Entre Ríos, de 2019, que modificaban el régimen de ganancias y de IVA, dos impuestos coparticipables. En ese caso, la resolución del máximo tribunal de Justicia se enmarcó en el expediente caratulado “Entre Ríos, Provincia de c/Estado nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad -incidente de medida cautelar”.

En términos de medidas, además de la acción de inconstitucionalidad, el Gobierno de Mendoza solicitó a la Corte que exija al Estado nacional que compense las pérdidas ocasionadas por esta reforma tributaria con fondos propios. En ese sentido, Suarez dejó en claro que “esta acción legal no busca aumentar la carga fiscal sobre los ciudadanos sino que se centra en garantizar que la Nación asuma la responsabilidad de las consecuencias de sus decisiones tributarias”.