El gobernador Rodolfo Suarez ha emitido el decreto 2208/23, publicado en el Boletín Oficial, instruyendo al Asesor de Gobierno a tomar medidas legales contra Matías y Franco Totero, los hijos de Julio Totero, destacado miembro del MID, partido que forma parte de la coalición Cambia Mendoza.
La causa de la demanda se remonta a un accidente de tránsito que tuvo lugar el 10 de abril de 2023. En dicho incidente, un vehículo del Ministerio de Planificación de Mendoza sufrió daños, involucrando a dos automóviles adicionales, uno de los cuales estaba siendo conducido por uno de los hermanos Totero y estaba registrado a nombre de su otro hermano.
La orden del gobernador abarca no solo a los Totero, sino también a la compañía de seguros con la que tenían un contrato, Orbis. En el decreto se establece:
“Instrúyase al señor Asesor de Gobierno y/o Abogados Auxiliares de la Asesoría de Gobierno para que inicie las acciones judiciales pertinentes, contra MATIAS NICOLAS TOTERO y/o quien resulte ser titular registral del vehículo dominio AF375RA al momento del siniestro al que se refiere este decreto; contra FRANCO EXEQUIEL TOTERO en su carácter de conductor del citado automotor; contra ORBIS Cia. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. en su carácter de Aseguradora del mencionado automotor y contra quien considere pertinente como sujeto civilmente responsable, consecuencia del siniestro de fecha 10 de abril de 2023, donde estuvo involucrado el vehículo Dominio MLA 550, cuyo titular registral es la Provincia de Mendoza afectado a la Subsecretaría de Infraestructura Elemental del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública)”.
El incidente se produjo a las 8:50 del 10 de abril y se trató de un choque en cadena en San Martín e Yrigoyen de Luján de Cuyo, en el que estuvieron involucrados tres vehículos, siendo el vehículo de los Totero el que impactó por detrás al vehículo oficial, causándole daños.
La demanda se basa en la aclaración de que el Ministerio de Planificación “no posee legitimidad procesal activa para iniciar una demanda” en busca de que el seguro cubra los gastos de reparación. Por lo tanto, es competencia de la Asesoría de Gobierno llevar a cabo este proceso legal.
