El bloque Fuerza Patria presentó un proyecto en la Legislatura de Mendoza con el fin de crear un registro de casos de situación de calle, y un sistema preventivo que detecte y actúe antes de que los ciudadanos caigan en una situación irreversible.
La iniciativa, que lleva las firmas de los diputados Lucas Ilardo y Lidia Quintana, propone un valor agregado a la política social mendocina, pasando de un esquema de asistencia ante la emergencia consumada a uno de anticipación estratégica.
Según los fundamentos de la propuesta, la falta de vivienda adecuada es la expresión más extrema de la exclusión, pero rara vez ocurre de forma imprevista. Por ello, se sostiene que el Estado debe estar presente con más herramientas institucionales mucho antes de que el vínculo social del individuo se rompa definitivamente.
El diagnóstico legislativo advierte que en los centros urbanos del Área Metropolitana de Mendoza la problemática ha crecido exponencialmente, superando la capacidad de los dispositivos actuales que solo brindan parches temporales a quienes ya están en situación de calle.
Actualmente, la Dirección de Contingencia Social interviene cuando el daño ya está hecho brindando alojamiento y comida. Este proyecto “busca transformar esa dinámica al identificar procesos de deterioro social previo”. Para los autores, “la ausencia de un sistema de notificación previa obliga a malgastar recursos en respuestas de emergencia que terminan siendo mucho más costosas para el erario público que la prevención misma”.
Uno de los pilares más ambiciosos del proyecto es la obligatoriedad de implementar un “Plan de Egreso Seguro” para personas que salen de cárceles u hospitales y que corren el riesgo de terminar en situación de calle.
Para dar soporte técnico a esta red, se contempla la creación de un Registro Único que recopile información detallada sobre la población vulnerable para entender qué factores los empujan hacia una situación de calle.
La financiación del sistema no quedará al azar, ya que se propone utilizar el 5% de los recursos provenientes de los juegos y casinos para evitar que más ciudadanos caigan en situación de calle.
La propuesta espera ahora su tratamiento en las comisiones de la Cámara de Diputados, donde se debatirá la viabilidad de este nuevo paradigma social.
“La meta final es clara: que el sistema público se anticipe al desamparo y garantice que ningún habitante de la provincia pierda su lugar en la comunidad por falta de acompañamiento estatal”, dicen los autores de la iniciativa.
