La discusión por el estado de las rutas nacionales volvió a quedar en el centro de la agenda mendocina, esta vez de la mano del gobernador Alfredo Cornejo, quien defendió el rol del Estado en el financiamiento de infraestructura y marcó la necesidad de que los recursos destinados a ese fin se traduzcan efectivamente en obras.

Fiel a su estilo, evitó criticar directamente a Javier Milei y su decisión de no invertir la recaudación de los peajes, sino invertirla en otros instrumentos. A la falta de obras viales, por decisión política, no por falta de recursos, Mendoza sale a empeñar los fondos de Portezuelo del Viento.

El planteo del mandatario se produjo durante su participación en “Construyamos Cuyo: una agenda federal para la inversión en infraestructura”, el encuentro organizado por la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) en Mendoza, donde empresarios, funcionarios y especialistas analizaron las obras necesarias para acompañar el crecimiento productivo de la región.

Aunque evitó una confrontación directa con el Gobierno nacional, Cornejo dejó una definición que adquiere particular relevancia en medio de los cuestionamientos por el estado de los corredores nacionales y por el destino de los fondos que se recaudan a través de los peajes.

“El Estado no debe desentenderse de la infraestructura básica que se necesita para crecer”, sostuvo el Gobernador, al referirse a la necesidad de mantener un rol activo del sector público mientras se desarrollan esquemas de inversión privada, concesiones y mecanismos de repago.

La discusión tiene un capítulo concreto en Mendoza. Las rutas nacionales constituyen vías estratégicas para la salida de la producción, el turismo y la conexión con Chile, pero varias presentan problemas de mantenimiento. Frente a esta situación, la Provincia avanzó en acuerdos con Nación para ejecutar o recuperar corredores que formalmente no se encuentran bajo su responsabilidad.

“Lo hicimos porque la producción, el turismo y el desarrollo de Mendoza y de la región no entienden de jurisdicciones”, explicó Cornejo. Y agregó: “Una ruta deteriorada perjudica a todos, independientemente de quién tenga formalmente la responsabilidad”.

La definición adquiere mayor peso en momentos en que se discute qué sucede con los recursos obtenidos mediante el cobro de peajes y por qué esos fondos no se reflejan en un programa sostenido de mantenimiento y recuperación de las rutas nacionales.

En contraste, el Gobierno mendocino busca mostrar un esquema de inversión sostenida. Según los datos expuestos por Cornejo, la Provincia tiene 361 obras gestionadas, de las cuales 203 fueron finalizadas y otras 158 se encuentran en ejecución o licitación. Además, durante la actual gestión se iniciaron 184 intervenciones.

Entre las principales inversiones se encuentran USD 370 millones destinados a rutas, con 477,1 kilómetros intervenidos. También se anunciaron USD 150 millones para obras de riego y USD 102 millones para agua y saneamiento.

El presidente de Camarco, Gustavo Weiss, respaldó la necesidad de incrementar la inversión y sostuvo que “no hay desarrollo posible sin una fuerte inversión en infraestructura”.

El mensaje que dejó el encuentro fue claro: el Gobierno es socio de una gestión que no paga rutas porque no quiere, reclama a medias y sale a hacerse cargo de las rutas con recursos propios. En ese escenario, la pregunta sobre qué destino tienen los recursos que pagan los usuarios en los peajes vuelve a quedar instalada en el centro del debate.