La diputada nacional Lourdes Arrieta presentó una denuncia penal contra Luis Petri por supuestas irregularidades en la gestión del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), uno de los sistemas de salud más grandes del país.

El escrito fue radicado en la Justicia Federal e impulsa una investigación por presuntos delitos de administración fraudulenta, malversación de fondos públicos, incumplimiento de deberes de funcionario y abandono de persona.

El foco central está puesto en el funcionamiento del IOSFA (que cuenta con cerca de 650.000 afiliados entre personal militar, civiles, retirados y sus familias), donde la denuncia sostiene que durante la gestión de Petri se pasó de un escenario de equilibrio financiero a una crisis con endeudamiento creciente.

Según el planteo judicial, este deterioro económico tuvo un impacto directo en la calidad del servicio de salud, con situaciones como cortes en prestaciones, suspensión de servicios por parte de prestadores, demoras en pagos y reintegros, y rescisión de convenios en distintas regiones (lo que dejó a afiliados sin cobertura efectiva en algunos casos).

Uno de los puntos más sensibles del expediente señala faltantes de insulina y medicamentos oncológicos, además de interrupciones en tratamientos esenciales (lo que, según la denuncia, compromete seriamente la salud de los pacientes). “La interrupción de estos tratamientos no es un problema administrativo: pone en riesgo la vida”, advierte el texto presentado.

Incluso se mencionan casos donde la discontinuidad de tratamientos habría provocado agravamiento de enfermedades y consecuencias irreversibles, motivo por el cual se incorporó la figura de abandono de persona en la acusación.

Otro eje relevante es un préstamo de aproximadamente $40.000 millones otorgado por el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) (fondos que, según la denuncia, estaban destinados a modernización hospitalaria y sistemas informáticos). Sin embargo, no habría claridad sobre el destino final de ese dinero, en un contexto donde se denuncian faltantes de insumos y colapso de prestaciones.

Además, el escrito hace referencia a contratos millonarios con droguerías y proveedores privados, planteando posibles inconsistencias entre esos gastos y la escasez de medicamentos (lo que refuerza las sospechas sobre la administración de recursos).

En paralelo, también se advierten dificultades para acceder a documentación clave durante instancias preliminares, lo que genera interrogantes sobre la transparencia en la gestión.

Entre las medidas solicitadas a la Justicia, se incluyen informes financieros completos del organismo, detalle de deudas con prestadores, contratos con proveedores, documentación vinculada al préstamo del IAF y la citación de afiliados, prestadores y representantes sindicales (con el objetivo de reconstruir el funcionamiento real del sistema durante el período investigado).