El voto es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos de entre 18 y 70 años, según el Código Electoral Nacional, y no cumplir con esta obligación puede traer sanciones económicas y administrativas. En las elecciones 2025, tanto a nivel provincial como nacional, ya se establecieron los montos y los pasos para pagar las multas correspondientes.

En Mendoza, el artículo 137 de la Ley Electoral Provincial fija una multa que va desde $50 hasta $500 para quienes no asistieron a votar sin justificación. Ese dinero se destina al fomento de la educación común en cada distrito. Pero más allá del costo económico, los infractores pueden enfrentar restricciones para realizar trámites administrativos y laborales, como la renovación de documentos o el acceso a cargos públicos.

Una vez finalizado el escrutinio definitivo, la Junta Electoral envía el listado de ausentes a los síndicos fiscales, quienes deben iniciar las acciones correspondientes. A nivel nacional, la multa puede llegar a ser de $2.000, dependiendo del historial de inasistencias.

Además de la sanción monetaria, los ciudadanos que no votaron podrían tener bloqueados ciertos trámites durante un año en organismos nacionales, provinciales o municipales. Entre ellos se incluyen la emisión de pasaportes, la renovación del DNI y gestiones laborales o bancarias.

Para saber si tenés una multa pendiente, el paso inicial es ingresar al Registro de Infractores en el sitio oficial infractores.padron.gob.ar. Allí se puede consultar el monto, descargar la boleta y elegir el método de pago. El sistema permite abonar en línea con tarjeta o billeteras virtuales, o imprimir la boleta para pagar en Rapipago, Pago Fácil o Banco Nación.

Quienes no pudieron asistir por motivos justificados disponen de 60 días posteriores a la elección para presentar el certificado correspondiente. La justificación también se realiza desde el portal oficial, donde la gestión queda sujeta a verificación y validación posterior.

Están exentos de pagar la multa los jueces y auxiliares afectados al comicio, las personas que se encontraban a más de 500 km del lugar de votación y el personal de servicios públicos que debió trabajar durante la jornada electoral. En este último caso, el empleador debía notificarlo con diez días de anticipación y emitir la certificación correspondiente.

En definitiva, no justificar el no voto puede salir caro, tanto en dinero como en trámites. Cumplir con esta obligación ciudadana es la forma más simple de evitar sanciones y fortalecer la democracia.