El Gobierno Nacional está cada vez más cerca de tomar la decisión de congelar todos los aumentos de servicios públicos que estaban previstos para el último cuatrimestre. Esto incluiría la postergación de los incrementos en las tarifas de luz y gas.

La medida busca, por un lado, evitar que los nuevos valores impacten en los ya acelerados índices de inflación que enfrenta el país. Por otro lado, se reconoce la necesidad de no afectar los bolsillos de gran parte de la población, especialmente en un contexto de incertidumbre económica.

Sin embargo, esta decisión plantea interrogantes sobre las cuentas públicas, ya que podría distanciar al Gobierno de la meta de déficit fiscal del 1,9% que se había comprometido a cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El FMI ha señalado la importancia de realizar ajustes en el gasto público, lo cual incluye el aumento de tarifas para los segmentos medios y bajos. Esto se plantea como necesario para actualizar los costos de generación y mantener el equilibrio fiscal. Sin embargo, las recientes acciones del Gobierno parecen alejarlo de estas recomendaciones.

En principio, se esperaba un aumento en las tarifas eléctricas para septiembre, pero solo para los usuarios de ingresos altos y medios. Sin embargo, todo indica que tanto la electricidad como el gas entrarán en una especie de congelamiento, al menos por unos meses, con la posibilidad de que los aumentos se apliquen después de las elecciones.

Esto plantea incertidumbre en el sector energético, ya que algunos ajustes podrían impactar en las tarifas a partir de octubre o noviembre, pero no antes de las elecciones generales.