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Se pone a prueba el protocolo “antipiquetes” de Milei con la primera manifestación en contra de su gobierno

Unidad Piquetera saldrá a las calles en contra del plan de ajuste anunciado por el Gobierno. Se aplicará el protocolo de orden público.

Este miércoles 20 de diciembre, distintos movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en Unidad Piquetera (UP) realizarán la primera movilización de la era Milei, “contra el ajuste económico” del gobierno Nacional. Será la primera prueba de aplicación del protocolo de orden público “antipiquetes” anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La fecha es en coincidencia con el aniversario del estallido social de diciembre de 2001, y que se convertirá en

Este martes el portavoz presidencial, Manuel Adorni, afirmó que el Gobierno nacional quiere que la movilización que, desde las 16.30, se desplazará desde el Congreso a la Plaza de Mayo transcurra “en absoluta paz” y en el marco de un “estricto cumplimiento de la ley”.

“Vamos a permitir la libre circulación. Tenemos la absoluta tranquilidad de que vamos a hacer todo para que se cumpla lo que el presidente (Javier) Milei viene pregonando desde la campaña”, afirmó Adorni en conferencia desde la Casa Rosada.

Además, ratificó que quien participe de algún corte de calle “dejará de percibir el plan social”, tal como advirtió ayer la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y reiteró que la línea telefónica 134 estará abierta para “recibir denuncias de aquellos que se sientan amenazados por un intermediario”.

La protesta

Para “frenar el plan de ajuste y miseria de Milei y el FMI” y “defender el derecho a la protesta”, es la consigna de la marcha que protagonizarán los movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de UP, junto a organismos de derechos humanos, sindicatos y centros de estudiantes, en un nuevo aniversario del estallido social del 19 y 20 de diciembre, que en 2001 derivó en la renuncia del entonces presidente, Fernando de la Rúa.

“El Presidente anunció una declaración de guerra contra los derechos laborales, sociales y democráticos de los trabajadores y el pueblo: megadevaluación, una inflación tremenda, pretende congelar el valor del Potenciar Trabajo y se mantienen sin entregas a los comedores populares y se vienen fuertes aumentos de las tarifas de servicios y transportes”, sostuvieron las organizaciones de la UP en un comunicado dado a conocer en una conferencia de prensa desarrollada en Plaza Congreso.

Allí también se repudió el protocolo de mantenimiento del orden público para evitar cortes de calles, al que calificaron de “inconstitucional” y bregaron por “la defensa del derecho a la protesta“.

En el encuentro con la prensa, varios referentes exhortaron a la Confederación General del Trabajo (CGT), para que “ante cualquier hecho represivo que ocurriese llame a un paro nacional activo”.

Foto Victoria Gesualdi
Foto: Télam.
Foto Victoria Gesualdi
Foto: Télam.

El protocolo

El protocolo dispuesto por Bullrich siguió sumando fuertes rechazos por parte de fuerzas políticas de izquierda y organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellos el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que presentaron ante la Justicia distintos recursos legales para que el Gobierno “deje sin efecto de manera inmediata” el protocolo elaborado para controlar y vigilar las manifestaciones de protesta.

La jueza federal María Servini, por su parte, se declaró  incompetente para intervenir ante un planteo de inconstitucionalidad del protocolo que había presentado la legisladora porteña María Celeste Fierro, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), y derivó el tratamiento del recurso legal al fuero en lo Contencioso Administrativo Federal.

También pidieron el cese de la vigencia del protocolo más de 1.700 organizaciones sindicales y sociales, quienes plantearon ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la CIDH que exijan al Estado argentino el fin de las “medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas”.

Entre los solicitantes figuran la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular-UTEP, la Ctep, ATE Nacional, Somos Barios de Pie, Polo Obrero, Patria Grande, Partido Obrero, Nuevo Encuentro y el CELS.

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