Mendoza se convirtió en la primera provincia del país en validar científicamente una herramienta de evaluación familiar, diseñada para comprender a fondo las condiciones de vida de familias en situación de vulnerabilidad y mejorar la eficacia de las políticas públicas de protección.

Se trata de la Escala de Evaluación Ecosistémica de la Funcionalidad Familiar (NCFAS-G), una herramienta originada en Estados Unidos por el National Family Preservation Network y adaptada al contexto latinoamericano por especialistas de Chile, Colombia y México. En Mendoza, el proceso de validación es impulsado por la Dirección General de Protección del Gobierno provincial en conjunto con el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Ciencias de la Salud y del Comportamiento (CIICSAC) de la Universidad Adventista del Plata.

Este instrumento permite evaluar dimensiones claves como la seguridad de niñas y niños, el funcionamiento emocional de los integrantes del hogar, las dinámicas de interacción familiar y las condiciones de salud, vivienda y entorno social, entre otros factores esenciales.

Actualmente, se está aplicando de forma piloto en más de 400 familias mendocinas a fin de comprobar que los ítems del cuestionario sean comprensibles, pertinentes y culturalmente adecuados. Con los resultados, se ajustará el instrumento para luego expandir su uso a gran escala dentro del sistema provincial de protección de derechos.

“La escala de funcionalidad familiar es un instrumento que nos permite comprender la complejidad de los sistemas familiares en abordaje y proyectar estrategias de intervención con impacto positivo”, destacó María Belén García, directora general de Protección de la Subsecretaría de Infancias, Adolescencias y Juventudes. Para los profesionales del área, contar con este tipo de herramientas representa un salto de calidad en el diseño de intervenciones más precisas y humanizadas.

Además de innovadora, esta experiencia posiciona a Mendoza como una provincia pionera en el uso de herramientas validadas científicamente para el trabajo con familias en situación de riesgo. Implica también una apuesta clara por una gestión pública basada en evidencia, sensible al contexto y centrada en los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El desafío es claro: garantizar que cada intervención estatal no solo llegue, sino que realmente transforme entornos vulnerables en espacios seguros, libres de violencia y con oportunidades reales de desarrollo.