Aunque el presidente Javier Milei afirmó el viernes que no era responsabilidad del Gobierno fijar un salario mínimo por decreto, esta semana el Poder Ejecutivo tomará la decisión de aumentar el salario mínimo por decreto luego del fracaso en la reunión entre sindicalistas y representantes empresariales.

Actualmente el Salario Mínimo Vital y Móvil es de 156 mil pesos y la intención del Ejecutivo es subirlo a un número que ronda entre los 203 mil pesos y los 220 mil pesos, lejos de lo que había pedido la CGT.

Esta decisión tendrá repercusiones en los montos de algunos programas sociales y se produce en un contexto de pronunciado aumento de la pobreza en el primer mes del año, debido a la escalada inflacionaria, según estimaciones privadas.

Fuentes oficiales consultadas señalaron que la decisión podría ser anunciada entre el martes y miércoles de esta semana. Aunque el monto aún no está determinado -con la CGT y las dos CTA reclamando una actualización del 85% y los empresarios sin hacer ninguna propuesta-, se espera que sea significativo para las cuentas públicas.

El impacto principal se verá reflejado en los programas sociales, como Potenciar Trabajo, Becas Progresar o el seguro de desempleo, cuyos montos se ajustan según el salario mínimo. Aunque la mayoría de los convenios colectivos de trabajo ya pagan salarios mínimos superiores a los $156.000 actuales, el efecto será relevante en el sector estatal.

Aunque aún no se ha revelado el aumento exacto, se espera que sea menor al salto propuesto por las centrales obreras. Un incremento significativo permitiría al salario mínimo recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.

El aumento también implica un costo fiscal debido a la actualización de los programas sociales, especialmente Potenciar Trabajo, que beneficia a 1.2 millones de personas. La Casa Rosada busca recortar gastos en este rubro, considerado irregular por tratarse de asistencia social “intermediada” por organizaciones sociales.

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