La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, salió al cruce del fallo de una jueza porteña que declaró inconstitucional, para un caso concreto, la aplicación del nuevo régimen penal juvenil a partir de los 14 años. La funcionaria defendió la normativa y cuestionó que la vigencia de una ley pueda quedar sujeta al criterio de cada magistrado.
“No podemos seguir esperando que cada juez decida si una ley votada por el Congreso le gusta o no”, publicó Rus en sus redes sociales, en una reacción directa a la resolución de la jueza del fuero Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Laura De Marinis.
La magistrada había declarado la inconstitucionalidad del artículo de la Ley 27.801 que establece el régimen penal para adolescentes desde los 14 años y sobreseyó a un menor de esa edad involucrado, junto con otros adolescentes, en un intento de robo. En su resolución sostuvo que, en ese caso, la incorporación al sistema penal resultaba regresiva y que debía contemplarse un abordaje acorde con las circunstancias particulares del adolescente.
El fallo generó cuestionamientos de distintos referentes políticos. Rus se sumó a esas críticas y puso el eje en la aplicación efectiva de la nueva normativa.
“Los robos y la inseguridad no pueden quedar presos de un rulo progresista con ropaje judicial”, arremetió la ministra, que además agregó: “La seguridad es hoy: la Policía pone el cuerpo, la ley pone los límites y los jueces tienen que hacerla cumplir”.
Rus cerró su mensaje con una defensa explícita de la postura del Gobierno de Mendoza: “Desde los 14 años hay responsabilidad penal bajo un régimen especial. En Mendoza lo estamos aplicando”.
Y concluyó: “No es impunidad ni abandono: es responsabilidad, límites y un Estado que actúa a tiempo”.
El régimen penal juvenil que impulsa Mendoza
Las palabras de Rus llegan mientras Mendoza avanza con su nuevo Régimen Penal Juvenil. El Senado provincial aprobó el proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial. La iniciativa obtuvo 25 votos a favor y 10 abstenciones y ahora debe ser tratada por la Cámara de Diputados.
El proyecto contempla un esquema especializado para adolescentes de entre 14 y 18 años, con un Tribunal Penal Juvenil, un Juzgado Penal Juvenil y fiscalías y defensorías específicas. También establece reglas particulares para la privación de libertad y prioriza alternativas como el monitoreo electrónico y la permanencia domiciliaria supervisada cuando las circunstancias lo permitan.
La propuesta crea además una Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, encargada de implementar y supervisar medidas socioeducativas, y establece que las sanciones deben apuntar a la reintegración social.
Cabe resaltar que el nuevo régimen nacional, establecido por la Ley 27.801, ya se encuentra vigente y establece que desde los 14 años una persona puede ser imputada.
