La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lanzó una advertencia contundente: los bajos salarios que perciben los empleados públicos de Mendoza podrían estar afectando de manera directa su salud mental. Basándose en lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gremio afirmó que la equidad económica es un determinante central del bienestar psíquico.
Según ATE, la salud mental no puede desligarse de factores históricos, socioeconómicos y culturales, y en el corazón de esa trama aparece el ingreso de los trabajadores. “Cuando un salario no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria, estamos ante una falla estructural que vulnera la dignidad”, advirtieron desde la organización, remarcando que esta situación representa “un riesgo psicosocial de máxima magnitud”.
El gremio describió que un sueldo insuficiente se transforma, antes que nada, en “un salario de angustia”, capaz de generar malestar emocional y enfermedades asociadas. En este escenario, el dinero deja de ser una herramienta de intercambio para convertirse en un indicador de clase social y de acceso desigual a derechos. ATE señaló que la falta de ingresos suficientes se traduce inmediatamente en inseguridad alimentaria, habitacional y laboral, condiciones que derivan en un estrés crónico que impacta en el cuerpo y en la subjetividad del trabajador.
La organización sostuvo que esta precariedad económica también erosiona el reconocimiento simbólico hacia el empleado. “El mensaje implícito que recibe el trabajador es devastador: ‘tu esfuerzo no vale lo suficiente para sostener tu vida o la de tu familia’”, expresaron. Esa sensación de injusticia, agregaron, deteriora la motivación, debilita el vínculo con el entorno laboral y alimenta emociones como frustración y rabia, que pueden evolucionar hacia el agotamiento y la enfermedad.
ATE también subrayó la realidad cotidiana que enfrentan miles de familias mendocinas, forzadas a decidir constantemente “entre lo necesario y lo urgente”. Esta presión persistente provoca agotamiento cognitivo y emocional, incluso antes de que aparezcan los síntomas clásicos del síndrome de burnout. El gremio recordó que el burnout está reconocido en el manual CIE-11 bajo el código QD85, asociado al desgaste profesional, y que ya cuenta con fallos judiciales favorables a trabajadores en Argentina, además del aval de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
A esta tensión se suman las decisiones extremas que muchos empleados deben afrontar: “¿Compro mis medicamentos o pago el alquiler?”, “¿alimento a mis hijos o pago el pasaje para ir a trabajar?”. Vivir en ese estado —explicaron— coloca al trabajador en una hipervigilancia permanente, que agota recursos mentales esenciales y deteriora la concentración y la memoria.
Para ATE, “un salario indigno es una forma de violencia económica y social”, capaz de estigmatizar al empleado y perpetuar el ciclo de pobreza y padecimiento emocional. La conducción gremial, encabezada por Roberto Macho, afirmó que el debate salarial debe inscribirse en una discusión más profunda: el valor de la vida humana. En ese sentido, concluyeron: “Un salario justo es la principal política de salud mental que puede ofrecer un sistema económico. Es un acto de justicia, un imperativo de dignidad y la única inversión sostenible a largo plazo”.
