La Justicia dejó firme la restitución de la pensión de privilegio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un fallo que reaviva la disputa entre el Gobierno nacional y el sistema judicial por los haberes previsionales de exmandatarios.
La decisión fue tomada por la Cámara Federal de la Seguridad Social, que rechazó un recurso extraordinario presentado por la ANSES y confirmó así una medida cautelar que obliga al Estado a restituir el beneficio.
Qué resolvió la Justicia
El tribunal estableció un punto central en el conflicto: la ANSES no tenía facultades para eliminar la pensión de manera administrativa.
En ese sentido, los jueces consideraron que el organismo previsional podía, en todo caso, suspender el beneficio, pero no darlo de baja de forma definitiva, como ocurrió tras la resolución adoptada por el Gobierno a fines de 2024.
Además, el fallo marcó una diferencia clave entre los ingresos que percibía la exmandataria. Mientras avaló la suspensión de la jubilación como expresidenta —vinculada directamente al ejercicio del cargo—, ordenó restituir la pensión por viudez de Néstor Kirchner.
El origen del conflicto
La disputa judicial comenzó a fines de 2024, cuando la ANSES dispuso dar de baja tanto la jubilación presidencial como la pensión que percibía Kirchner.
La decisión se tomó luego de la confirmación de su condena en la causa Vialidad, bajo el argumento de que la inhabilitación para ejercer cargos públicos y la falta de “honorabilidad” hacían incompatible el cobro de esos beneficios.
Sin embargo, la Cámara entendió que ese criterio no podía aplicarse automáticamente a la pensión por viudez, ya que se trata de un derecho con un encuadre legal distinto.
La reacción del Gobierno
Tras conocerse el fallo, desde el Ministerio de Capital Humano cuestionaron la decisión judicial y anticiparon que el Ejecutivo avanzará con una nueva apelación.
En concreto, el Gobierno confirmó que presentará un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar revertir la medida.
Desde la administración nacional sostienen que la resolución “afecta el principio de legalidad” y que no contempla la prohibición de cobro derivada de la condena e inhabilitación de la exmandataria.
