La jueza Loretta Preska, del tribunal federal del distrito sur de Nueva York, rechazó el pedido de la República Argentina para suspender el proceso de discovery posterior a la sentencia en el juicio por la expropiación de YPF, donde el país enfrenta una condena en primera instancia por US$16.100 millones.
La decisión habilita a los beneficiarios del fallo, financiados por el fondo Burford Capital, a continuar reuniendo información con el objetivo de elaborar un listado de activos embargables del Estado argentino. El tribunal consideró que la solicitud del país era un nuevo intento de obtener una suspensión sin garantía, algo que ya había sido rechazado previamente.
Según el fallo, tras la sentencia del 15 de septiembre de 2023, Argentina había solicitado suspender la ejecución mientras avanzaba la apelación, sin presentar una fianza tradicional. En noviembre de ese año, la Corte concedió una suspensión parcial y exigió una garantía alternativa mínima, que incluía una prenda sobre la participación accionaria del Estado en YPF S.A. y cuentas por cobrar vinculadas al proyecto Yacyretá.
Sin embargo, el tribunal sostuvo que la República no cumplió con las condiciones impuestas y que, en lugar de avanzar con los requisitos, solicitó exenciones y prórrogas adicionales, argumentando que necesitaba una ley del Congreso argentino para pignorar activos. Preska afirmó que el país “no hizo ningún esfuerzo” para satisfacer las condiciones, y acusó a la Argentina de intentar eludir sus obligaciones mediante prácticas procesales y cambios de gobierno.
La jueza remarcó que la sentencia no estuvo suspendida desde enero de 2024, y advirtió que frenar el proceso de discovery perjudicaría a los demandantes, que buscan cobrar el fallo desde hace más de dos años. También rechazó suspender los procedimientos vinculados al desacato, aunque aclaró que, si la Argentina fuera declarada formalmente en desacato, podría solicitar una suspensión ante el Tribunal de Apelaciones.
