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Fuente:Unidiversidad.
Dimisión

Renunció un polémico juez que comenzó como fiscal en Tunuyán: los escándalos que lo marcaron

Se trata de Rafael Escot, quien estuvo marcado por varias polémicas.

Tras una trayectoria de casi cuatro décadas en la Justicia mendocina, el juez penal Rafael Escot presentó su renuncia formal para acogerse al beneficio previsional. Si bien el gobernador Alfredo Cornejo aceptó su dimisión mediante un decreto firmado el 31 de julio con efectividad a partir del 1 de septiembre, la resolución aún aguarda su publicación en el Boletín Oficial.

El magistrado, que ingresó al Poder Judicial en 1988, ahora inició su retiro tras obtener un amparo en la Justicia federal por contar con los años de aportes exigidos. A lo largo de su carrera pasó por roles de fiscal en Tunuyán, juez de Instrucción y miembro de tribunales de sentencia como la Quinta Cámara del Crimen, además de haber encabezado el primer juicio por jurados en la provincia.

Los momentos más polémicos de su carerra

  • La “mafia policial”: Como juez de Instrucción, investigó en el año 2000 los homicidios de José Zambrano y Pablo Rodríguez. Aunque la causa derivó en detenciones de civiles y efectivos, finalizó en 2004 con sobreseimientos por falta de acusación fiscal.
  • Depósito de armas y aficiones: protagonizó investigaciones internas tras el robo de cientos de armas bajo custodia judicial. Es aficionado a la caza mayor y preside el Club Tiro Federal Mendoza, destacándose por acudir armado a procedimientos y allanamientos.
  • Apartamiento en el caso Próvolo: en 2022 fue apartado del segundo juicio por abusos en el instituto religioso tras utilizar la frase “diálogo de sordos” ante un testigo hipoacúsico, actuación cuya revisión administrativa solicitó recientemente la Corte provincial.
  • Filtración de chats: en junio enfrentó una denuncia administrativa ante la Suprema Corte promovida por colegas, luego de admitir que filtró capturas de un grupo privado de WhatsApp al exsubsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino. Las imágenes fueron usadas por la defensa de D’Agostino para recusar a una magistrada.

Con la publicación oficial del decreto, se formalizará el cierre definitivo de sus 38 años de servicio en el fuero penal de Mendoza

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