El Gobierno oficializó un convenio estratégico orientado a impulsar la reinserción social y laboral de la población carcelaria, priorizando la capacitación y el trabajo productivo.

A través del decreto 1.653, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dio el visto bueno formal al “Convenio de Capacitación y Producción por Iniciativa de Terceros”. Este acuerdo fue suscrito el pasado 10 de marzo de 2025 entre el Ministerio de Seguridad y Justicia, liderado por María Mercedes Rus, y la empresa privada Calzados Cuyo S.A.

Esta colaboración se enmarca directamente en la Ley Provincial N° 8971, conocida como la “Ley para la resocialización mediante la educación, la capacitación y el trabajo obligatorio de los presos”. El propósito principal es que, bajo la coordinación de la Unidad de Producción Penitenciaria, los internos adquieran oficios concretos y herramientas valiosas para reducir significativamente las tasas de reincidencia y reiterancia delictiva.

En este marco, Calzados Cuyo S.A. se comprometió a impartir formación especializada no solo al personal del Servicio Penitenciario, sino también a las personas privadas de su libertad, enfocándose en la manufactura de productos específicos, tal como se detalla en anexos o acuerdos futuros.

La Unidad de Producción Penitenciaria asumirá tres funciones esenciales en esta iniciativa:

• Capacitación: Transmitir oficios y proveer los conocimientos necesarios para la futura integración social.
• Producción: Administrar la planificación y la ejecución de bienes y servicios con valor agregado.
• Comercialización: Supervisar la venta de los productos elaborados en los distintos centros de detención.

El decreto destaca que el trabajo como herramienta de reinserción es un eje central de la legislación penal vigente, buscando que el condenado se adecue a la ley y logre una readaptación plena a la sociedad. Con esta alianza, ambas partes aspiran a un intercambio cultural, educativo, científico y social que fortalezca sus lazos institucionales.

Si bien la aprobación del convenio general ya es un hecho, los detalles administrativos y financieros de los proyectos productivos específicos serán definidos a través de actas complementarias a firmarse más adelante.

La medida, que cuenta con el respaldo de la Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia, se establece como una política provincial para “replicar la realidad externa dentro de los muros”, priorizando el trabajo y limitando el ocio como componente clave en la ejecución de las penas.