El sistema financiero argentino atraviesa un momento de extrema tensión. La tasa de morosidad escaló en junio de 2025 al 5,2% del total de créditos otorgados, según datos oficiales, convirtiéndose en el nivel más elevado en 15 años y despertando preocupación tanto en bancos como en fintech.
Los especialistas advierten que la tendencia podría profundizarse en los próximos meses si no se implementan medidas correctivas. El golpe más duro lo reciben las plataformas digitales de préstamos, que muestran índices de mora que duplican y hasta triplican la media del sistema.
El origen del problema es múltiple. Durante el último año, las entidades financieras lanzaron una agresiva campaña crediticia, alentadas por la expectativa de recuperación postpandemia. Pero la realidad fue otra: se perdieron empleos, los salarios quedaron rezagados frente a la inflación y el ajuste en tarifas de transporte, luz y gas recortó aún más el ingreso disponible de los hogares.

Un cambio cultural agrava la situación. En la Argentina, la inflación solía “licuar” las deudas en pesos, haciéndolas más llevaderas con el tiempo. Sin embargo, la reciente estabilización de precios dejó a miles de familias atrapadas en créditos que ya no se reducen, sino que se sienten cada vez más pesados dentro de sus presupuestos.
El impacto alcanza a los bancos, que deben ofrecer tasas de plazo fijo cercanas al 50% anual para retener depósitos, muy por encima de una inflación proyectada en torno al 25/30%. Esto redujo drásticamente sus márgenes de ganancia, empujando a muchas entidades a refugiarse en bonos y letras del Estado en lugar de prestar al sector privado.
El panorama social refuerza el pesimismo. Una encuesta de Zentrix Consultora revela que más de la mitad de los argentinos se percibe en la clase baja o media baja, y el 40,5% califica su situación económica como “mala” o “muy mala”. Además, el 64% evalúa negativamente la situación del país y un 67,4% asegura que las cifras del INDEC no reflejan la suba real del costo de vida.
En cuanto a la percepción sobre las políticas actuales, el 67,8% de los consultados considera que la clase alta es la principal beneficiada, mientras la mayoría enfrenta ingresos debilitados, deudas crecientes y un horizonte cada vez más incierto.
