La Cámara de Diputados se prepara para dar el paso definitivo en el caso de Janina Ortiz. La legisladora provincial suspendida y su pareja, el exintendente de Las Heras Daniel Orozco, solicitaron someterse a un juicio abreviado en la causa que investiga el desvío de fondos públicos hacia una cooperativa fantasma. 

Al requerir este procedimiento, la exfuncionaria admite su responsabilidad en los hechos de corrupción a cambio de recibir una pena en suspenso, sujeta a la aprobación de la fiscalía.

La eventual ratificación de este acuerdo judicial precipitará su salida formal de la Legislatura. Ortiz apenas ejerció la banca durante 110 días, desde su asunción en diciembre de 2023 hasta su suspensión en marzo de 2024, y acumula más de 900 días alejada de sus funciones parlamentarias.

Para concretar su destitución, el oficialismo prevé recurrir al artículo 91 de la Constitución el cual faculta a la Cámara a expulsar a cualquiera de sus integrantes por “indignidad” o “inhabilidad moral” mediante una mayoría de dos tercios. Todo indica que dichos números se alcanzará sin inconvenientes, dado el aislamiento político de la diputada, quien ya no cuenta con el respaldo ni de sus antiguos aliados de La Unión Mendocina.

Pese a esta alternativa legal, dentro del bloque mayoritario confían en que la propia Ortiz dé un paso al costado. Fuentes legislativas señalaron que, al admitir su culpa en el expediente, lo esperable es que entregue su dimisión de manera voluntaria, puesto que la condena traería asociada la inhabilitación para ejercer funciones públicas, según publica diario MDZ.

El trasfondo judicial cobró mayor relevancia tras los dichos del gobernador Alfredo Cornejo, quien valoró el pedido de abreviado al considerar que el reconocimiento de la culpa por parte de los imputados representa un avance clave para esclarecer y sancionar un hecho de corrupción institucional.

La sucesión en la banca

De confirmarse la vacancia, el recambio en el cuerpo legislativo ya tiene nombre definido. Si bien el segundo lugar en la lista de 2023 lo ocupaba José Caviglia, fallecido a fines de 2025, la banca le corresponderá a María Belén Castillo, dirigente del PRO y actual vocal del espacio que encabeza Gabriel Pradines.

Castillo ya había reclamado ese escaño en marzo mediante una presentación formal ante la Cámara Baja, la cual no prosperó a la espera de la resolución judicial. De asumir finalmente el cargo, completará el mandato correspondiente hasta diciembre de 2027.